El abogado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo reiteró hoy que Hebe de Bonafini no tiene responsabilidad alguna en las irregularidades en el manejo de fondos para la construcción de viviendas por las que se investiga a Sergio Schoklender.
"Hebe no tiene ninguna responsabilidad. Basta examinar la situación patrimonial y la biografía de Hebe y de las demás Madres de Plaza de Mayo para comprender que estas mujeres, que van de 82 a 94 años, no tenían ningún proyecto de lucro ni de beneficio personal por la ejecución de viviendas sociales", planteó el abogado en declaraciones a radio El Mundo.
Cuando le preguntaron si los elementos que constan en el expediente que tiene a su cargo el juez Norberto Oyarbide "son suficientes" para que Sergio y su hermano Pablo queden detenidos, Barcesat planteó: "Hay elementos para determinar esta compleja maraña y red de sociedades y cuevas financieras que posibilitaron la maniobra que ha perjudicado a la Fundación".
Fue en este punto en el que afirmó que los desmanejos de los que se acusa a Schoklender dejaron a la fundación que dirige Bonafini "con una deuda impositiva y provisional importante" por pagos atrasados desde 2006. El abogado aclaró, sin embargo, que no tiene precisiones sobre el monto al que ascendería la deuda.
El abogado explicó que si Oyarbide decidiera procesar a los Schoklender, los hermanos deberían volver a la cárcel. "Los dos Schoklender están con condena a prisión perpetua por un parricidio y con libertad condicional. Si se suma un auto de procesamiento por delito doloso implica la cancelación de la libertad condicional y el retorno del cumplimiento de la prisión perpetua a que fueron condenados", indicó.
Ayer, Bonafini se presentó ante Oyarbide para pedirle ser querellante en el expediente contra los Schoklender. Además, denunció que la noche del 3 de junio "la banda" de su ex apoderado se llevó documentos de la institución en un camión blindado, de forma "clandestina".
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Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.