La Asignación Universal por Hijo, una de las banderas del Gobierno en materia social, todavía dista de serlo: casi 5.400.000 niños están afuera de su alcance y más de 3 millones no percibe ayuda de ningún tipo por parte del Estado.
Así lo reveló un informe basado en cifras oficiales emitido por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp), dirigido por el economista Claudio Lozano, diputado de Proyecto Sur.
En diálogo con lanacion.com, Lozano destacó que "la solución debería centrarse en garantizar el carácter universal de la asignación", ya que hoy "un 30% de los chicos queda fuera del derecho a la asignación del Gobierno nacional y un 25% queda fuera de toda cobertura". La diferencia tiene que ver con aquellos asistidos a nivel provincial o municipal.
En números absolutos, de acuerdo con los datos provenientes de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social, el Ipypp detalla que 3.342.829 niños no reciben ninguna cobertura estatal, mientras que 4.046.985 "están excluidos del derecho a una asignación familiar", y otros 5.376.985 quedan afuera de la AUH y familiar del sistema nacional.
La base sobre la cual se efectúa el cálculo del instituto, vale aclarar, difiere de la oficial. "La Anses estima que hay 12.400.000 menores de 18 años, cuando en realidad serían un millón más según el censo 2010", aclaró Lozano. El Gobierno dice que son 4,5 millones los niños a los que llega la Asignación Universal por Hijo y que por su intermedio se logró una "reducción drástica de la indigencia".
El legislador de Proyecto Sur criticó la política oficial, que, sostiene, "precarizó" la asistencia, al tiempo que cambió la fuente de financiamiento al centralizar en el financiamiento en la Anses. "El que accede a la asignación universal no puede cobrar ningún otro tipo de beneficio. Eso hizo que se utilizara la asignación para dar de baja a mucha gente de planes sociales existentes, sin ampliar demasiado la cobertura". Por ejemplo, alertó Lozano, "encontramos que se han dado de baja más de 600.000 becas educativas".
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.