Los manifestantes del movimiento 15-M tenían previsto acampar esta noche dentro del Parque de la Ciutadella de Barcelona, donde está el Parlamento, pero la policía cerró esta tarde el reciento para evitarlo y custodia el lugar mediante un importante operativo. Mañana los diputados podrían votar presupuestos con fuertes recortes sociales.
El operativo policial controla el perímetro del lugar con el fin de que los participantes de la protesta, que reunió a unas 3.000 personas llegadas desde los distintos barrios de la ciudad así como de la acampada de plaza Cataluña -oficialmente levantada el pasado fin de semana-, no puedan ingresar.
En un ambiente festivo, los indignados, que llevan casi un mes movilizados para reclamar un cambio político y social, corearon consignas contra los políticos y la policía, y exigieron una “democracia real”.
“No pasarán, no pasarán”, cantaban dirigiéndose a los diputados que tendrán que debatir y votar mañana los presupuestos del gobierno catalán en los que está previsto un importante recorte de gasto público que afecta la sanidad pública y la educación.
El sentir de los manifestantes se podía apreciar en las pancartas que portaban, entre ellas una que decía: “Que la crisis la paguen ellos”. Otro de los lemas era “con tanto cerdo gobernando esto apesta”.
El departamento de Interior del gobierno catalán había informado al movimiento de los indignados que, a pesar de respetar su voluntad de manifestarse, no les permitirían que acamparan en el parque de la Ciutadella.
Los manifestantes intentaron negociar para acceder al lugar argumentando que "ante un problema político la respuesta no podía ser policial”. También llamaron a los grupos parlamentarios opositores en el parlamento, donde tienen mayoría los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió (CiU), a boicotear los recortes no presentándose a la sesión.
Tras recibir una respuesta negativa del departamento de Interior, los indignados decidieron en asamblea permanecer en la puerta del parque durante la noche y realizar un cordón humano mañana para evitar la entrada de los políticos al parlamento.
Esta acción supone un delito según el artículo 494 del Código Penal, y puede ser castigado con penas de entre seis meses y un año de cárcel o multa. Sin embargo, loa manifestantes recordaron hoy en asamblea que ese artículo “nunca se aplicó”.
Después de una charla sobre la crisis ofrecida por profesores universitarios, los indignadas acordaron permanecer allí y convocaron a la ciudadanía a sumarse mañana a las 7 de la mañana para “evitar que se aprueben los recortes”.
“Ni recortes ni fronteras, queremos un cambio político y social. La revolución comenzó, aseguraba una miembro del movimiento.
En tanto, los grupos políticos del parlamento coincidieron en que las protestas de los indignados son “legítimas” pero les reclamaron a los manifestantes que “respeten” su derecho a acudir al parlamento.
Es en el parlamento donde los ecosocialistas dicen que cargarán su “indignación política con un voto en contra de los presupuestos”, afirmó la portavoz de Iniciativa per Catalunya –Izquierda Unida (ICV-EUiA), Dolors Camats.
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.