La violencia en el fútbol se ve no sólo en las tribunas, sino también detrás de algunos escritorios. La prueba está en la bochornosa audiencia (la cuarta) por la Democratización del Fútbol que tiene a Daniel Vila como el gran mentor. Fue el propio presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza quien no pudo llevar adelante su alocución porque un grupo de dirigentes que responden directamente al presidente de la AFA, Julio Grondona, lo insultaron. Todo terminó en un escándalo y con Vila retirándose del Congreso con una fuerte custodia.
Muchos fueron los testigos que presenciaron la frustrada audiencia en la que Vila intentó explayarse sobre su proyecto de un fútbol más federal, el que tiene pensado llevar a los hechos en caso de llegar a la presidencia de la AFA.
Ivana Bianchi, presidenta de la comisión de Deportes, calificó de “bochornosa” la sesión y dijo que no le quedó otro remedio que levantarla.
Después de lo sucedido Vila dijo lo suyo en el programa Político, que se emite por América 24. “Cuando me tocó el turno de hablar empecé mi exposición tratando de hacer una semblanza del fútbol argentino y cuando leí el título de una editorial de La Nación comenzaron a insultarme y se levantaron para agredirme. Me vi sometido a una situación de presión verbal y violencia física. Salí del salón con custodia. Esto es lo que le pasa al fútbol, son los dirigentes que mandó Grondona para oponerse a la Ley”, señaló.
El ex futbolista Oscar Ruggeri, también presente en la audiencia y acompañante de Vila en el proyecto, dijo que le pareció que los dirigentes venían “atados”.
Por su parte, el diputado del Frente para la Victoria Gerónimo Vargas Aignasse, autor del proyecto, calificó la sesión como “absolutamente bochornosa”. Y agregó: “Si los dirigentes del fútbol se comportan de esta forma, es utópico pedirles a los barrabravas que se comporten mejor. Fue una cosa impropia, irracional. Nos vamos mal, porque no pudo terminar la reunión de comisión”.
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.