El ministro brasileño de Hacienda, Guido Mantega, celebró que el riesgo del país de no pagar sus deudas esté ubicado actualmente "por primera vez en la historia" por debajo del de Estados Unidos, lo que calificó como una demostración del éxito de la política económica del Gobierno.
Mantega, en una rueda de prensa, utilizó como referencia de su comparación el costo que los inversores pagan actualmente en el sistema conocido como Credit Default Swap (CDS) para asegurarse en operaciones con títulos de deuda brasileña y de la deuda estadounidense.
"Cuando se hace un seguro sobre la deuda brasileña se pagan 41,2 puntos base y para la estadounidense se pagan 49,7 puntos base, lo que significa que por primera vez en la historia el riesgo de Brasil es menor que el de Estados Unidos", dijo.
El ministro, que concedió una rueda de prensa tras participar en una reunión con la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirmó que la mandataria "quedó muy satisfecha con la divulgación de que el riesgo de Brasil es menor que el de Estados Unidos".
A diferencia de los índices de riesgo divulgados por las agencias calificadoras, el CDS es una especie de seguro contratado por los inversores como protección del riesgo de que un emisor de títulos no tenga condiciones de cumplir sus obligaciones.
Mantega considera que este seguro sirve como indicador de riesgo de un país.
El ministro explicó que los inversores que tienen miedo de que un país pueda declarar una moratoria de su deuda o el impago de sus obligaciones contratan este seguro.
Agregó que actualmente quien contrata este seguro para protegerse de posibles problemas con la deuda brasileña paga menos que para protegerse de la deuda de Estados Unidos.
Según Mantega, ese hecho es una demostración de la solidez de la economía brasileña y de la confianza de los inversores en Brasil. "Demuestra que estamos practicando una política económica correcta y que Brasil viene ganándose el respeto del resto del mundo, afirmó.
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.