Ante la denuncia que hizo el CeProNat por la fumigación sobre escuelas rurales en la provincia de Santa Fe, el presidente de la Comisión de Fitosanitarios del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe opinó por LT10 sobre esta situación.
En diálogo con LT10, Raúl Walker, presidente de la Comisión de Fitosanitarios del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe, expresó que “la responsabilidad es de cada uno de los actores que debe actuar en su ámbito. La ley debería obligar a los productores a aplicar recetas. Hoy, el productor que tiene su propio equipo de aplicación no necesita trabajar con la recomendación de un profesional. Esta era una de la grandes modificaciones que se iban a hacer en la ley sobre fitosanitarios en la provincia”.
Además, el presidente de la Comisión de Fitosanitarios del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe agregó que “la discusión sobe la norma terminó con una discusión sobre distancias. En lugar de producir un avance en el tema la modificación de la norma generó un retroceso”.
Consultado si por estos días el productor que tiene equipos propios puede aplicar los agroquímicos como le parece, Raúl Walker afirmó que “hoy, esto es así. La ley le da la potestad a las comunas para fijar las normas de juego. Las comunas pueden defender a las escuelas rurales prohibiendo que se fumigue en las cercanías. En el fondo de la cuestión, hay una falta de sentido común. El productor tendría que fumigar los fines de semana. Hay una desaprensión que debe castigarse de la forma que corresponda”.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Fitosanitarios del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe remarcó que “mientras no se modifique la ley y mientras las comunas no asuman sus responsabilidades se van a seguir generando situaciones con las fumigaciones en las cercanías de las escuelas o clubes rurales. Nosotros estamos permanentemente trabajando en la educación de los productores para promocionar las buenas prácticas agrícolas. Hay que hacer hincapié en la aplicación ética y correcta de los agroquímicos”.
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.