El juez federal Norberto Oyarbide aseguró hoy que se obtuvieron “datos que son de interés para la investigación” en el allanamiento que ordenó a la sede de Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Según Oyarbide, “tiene ribetes importantes” la investigación que encabeza para determinar el supuesto desvío de fondos y lavado de dinero destinado a viviendas sociales construidas por la fundación.
Entrevistado por varios periodistas en la puerta de su casa, el magistrado se excusó de adelantar si podría ordenar la detención de Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación e investigado junto a su hermano Pablo por presunto lavado de dinero, entre otros cargos.
“No puedo anticipar decisión. Los allanamientos del día de ayer, hasta donde tengo conocimiento e información permanente de mis secretarios y gente de la policía, hemos obtenido datos que son de interés para la investigación”, indicó el juez.
Oyarbide agregó que “hay que seguir trabajando y dilucidar responsabilidades, poder definir los hechos para producir luego las convocatorias adecuadamente en el marco de la causa”.
“En el día de hoy espero que el fiscal (Jorge) Di Lello remita al tribunal la ampliación del requerimiento fiscal con motivo de la ampliación del hecho denunciado inicialmente. El caso, tal como ustedes lo están manifestando, tiene ribetes importantes”, prosiguió.
Para el magistrado, “es un caso altamente complejo por las personas. Hay empresas, es un hecho que hay que cuantificar desde distintos ángulos: desde el punto de vista contable, los peritos tendrán su labor que será sin dudas tediosa”.
Ayer, Oyarbide ordenó el allanamiento de la propia sede de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Un equipo especial de la Policía Federal realizó el operativo en oficinas situadas en Hipólito Yrigoyen al 1500 de esta capital.
El día anterior, hubo un procedimiento en oficinas contiguas al edificio allanado ayer, aunque también alquiladas por las Madres, de donde los policías retiraron documentación y computadoras.
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.