Luego de conseguir la detención de un fabricante de ladrillos de Córdoba por trata de personas, la Administración Federal de Ingresos Públicos profundizó los controles en el sector y fiscalizó 25 predios, donde se detectó que el 80% de los empleados no estaba registrado. En algunos establecimientos se constató explotación de menores y se labraron actas de infracción por ocupación de mano de obra infantil.
En los 25 establecimientos visitados, se fiscalizó la situación impositiva de 11 contribuyentes y previsional de casi 100 empleados. Apenas el 20% se encontraba en una situación regular. En tanto, más del 30% eran extranjeros y se encuentran en el país con documentación vencida. En todos los casos, los trabajadores desarrollaban su actividad sin los más mínimos requisitos de salud, higiene y seguridad.
Al no estar inscriptos, los trabajadores no gozan de ninguna protección en caso de un accidente de trabajo o frente a la posibilidad del desempleo. Tampoco reciben las asignaciones familiares correspondientes y no podrán acceder a una jubilación en el futuro.
Del relevamiento efectuado por agentes de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), junto con personal del Ministerio de Trabajo de la Nación y de la Dirección Nacional de Migraciones, surge que las personas que trabajan en las fábricas de ladrillos también duermen en el mismo predio junto con sus esposas e hijos.
Respecto de las características de las viviendas se observaron condiciones muy precarias: no contaban ni con agua corriente ni gas. Incluso, se constató la existencia de letrinas ubicadas a más de 20 metros de las casas
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.