Mientras los docentes de Santa Cruz ratificaron el rechazo al aumento salarial decretado por el mandatario Daniel Peralta, en la gobernación patagónica esperan una sentencia judicial que determine la ilegalidad de la huelga, que ya provocó 52 días sin clases.
A través de un mensaje trasmitido por cadena provincial, Peralta anunció días atrás que su gestión otorgará un 25% de suba. Pero los gremio de Adosac y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), repudiaron esa oferta, confirmaron que mantendrán las medidas de fuerzas con bloqueos a yacimientos e insistieron con el 50%.
En ese mensaje, Peralta también informó que la fiscalía de Estado presentó a la Justicia un pedido para que declare la ilegalidad de la huelga, ya que ambas entidades sindicales desacatan la conciliación obligatoria dictada el 2 de mayo y dos fallos judiciales que los intimaron a allanarse a esa convocatoria.
Según explicó horas más tarde el jefe de Gabinete, Pablo González, las implicancias de esa sentencia judicial podría derivar en masivos despidos de maestros con causa justificada. Es que los magistrados patagónicos podrían declarar ilegal el paro basándose en la figura de "uso abusivo" del derecho de huelga.
González dijo que "la ilegalidad de la huelga determina dos consecuencias directas: una es la comunicación que debe hacerse a la autoridad nacional laboral para que ponga cartas en el asunto y sancione a los gremios que han caído en el abuso de huelga".
Por otro lado, y teniendo en cuenta que "la huelga legal determina cómo lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte, que el Estado no puede suspender las prestaciones sociales de aquel agente que está ejerciendo sus derechos de huelga, ni tampoco tiene la obligación de pagarle el sueldo, en el caso de la huelga ilegal además de la sanción, corresponde en su caso de aquella persona que no vaya a trabajar, el despido con causa".
La respuesta de los docentes llegó de la abogada que representa a los gremios, Raquel Coronel. Según consideró la letrada, la primera ilegalidad la cometió el gobierno provincial, luego del primer pedido de apertura de paritarias en agosto de 2010. "La ley establece que cuando una de las partes solicita paritarias a los 15 días debe ser formada esa mesa de negociación, pero el incumplimiento fue del gobierno en sentarse a cumplir la ley de negociación colectiva. Tardó 180 días en tratar de negociar", afirmó Coronel en declaraciones a una FM local.
Además, en el mismo diálogo radial, la abogada de Adosac y AMET rechazó la posibilidad que se declare la ilegalidad del paro. "En ningún lado está establecido que cuando se está en negociación no se puede hacer uso de un derecho fundamental como es el derecho a huelga. Esto es algo que elaboraron desde los centros de poder para poder controlar a los trabajadores", sostuvo.
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Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.