La presentación se llevó a cabo en la Casa Nacional del Bicentenario, en Riobamba al 900, y allí el juez Zaffaroni destacó la lucha y las ideas de Podestá, fallecido en junio de 2000, a quien calificó como “un adelantado a su época, fundamentalmente en la apertura mental de la sociedad argentina”.
También señaló que el libro “representa un material destacado para la juventud en este momento histórico, dado que nos muestra el itinerario luminoso que eligió Podestá, dejando la comodidad y el confort en pos del verdadero compromiso cristiano”.
A su turno, la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, señaló que Podestá “desafió los conceptos de la iglesia y soportó el castigo, sin detenerse a pesar de su dura historia de persecuciones”, y destacó el trabajo de Clelia Luro por “volcar todo este bagaje para convertir una biografía en primera persona de alguien que no está vivo”.
Por su parte Clelia Luro, compañera de vida y de lucha de monseñor Podestá, brindó detalles de la recopilación de los escritos de su compañero por 33 años, que incluyen cartas, análisis, conferencias, entrevistas, grabaciones y videos que reúnen su pensamiento y de su compromiso político y religioso.
Durante el acto, Luro expresó que Podestá “nos mostró un camino a seguir”, y destacó que “hay quien frena, quien camina de la mano y quien rompe con todo, y ese fue Jerónimo, un cultor de la no violencia activa”.
La documentación que integra la obra es fiel copia de los originales de Podestá, quien a lo largo de su carrera eclesiástica llegó a ser obispo de la Diócesis de Avellaneda-Lanús entre 1963 y 1967, antes de su alejamiento progresivo de la Iglesia, que lo suspendió "ad divinis" de su condición clerical en 1972.
Años más tarde llegó a desempeñarse como presidente de la Federación Latinoamericana de Sacerdotes Casados, organización que representa a alrededor de 150.000 prelados.
En su trayectoria también cuestionó severamente el silencio de la Iglesia Católica ante el golpe de Estado de 1966, mantuvo enfrentamientos con el dictador Juan Carlos Onganía, y en 1974 se exilió amenazado por la Triple A, para retornar en 1983 con la democracia recuperada.
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.