La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, acordaron "encontrar una solución lo más rápido posible" para el salvataje a Grecia y expresaron su deseo de que los acreedores privados participen "de manera voluntaria" en la resolución de las ayudas para el rescate de Atenas que busca desesperadamente evitar la bancarrota.
"Queremos encontrar una solución lo más rápido posible", señaló Merkel en la conferencia de prensa conjunta posterior al encuentro de 40 minutos en la sede de la Cancillería. "Cuanto antes, mejor", insistió. Además, sostuvo que harán "todo para mantener y apoyar al euro".
Por su parte, Sarkozy habló de "un punto de inflexión" y subrayó que ambos países comparten "la misma posición y la misma actitud" ante la crisis de Grecia y el euro.
El encuentro enfrentó las dos posturas que impidieron la aprobación de nuevas ayudas para que Atenas evite la bancarrota. Alemania propone una participación de la banca e inversores privados en el plan de ayuda, como volvió insistir Merkel. Francia, el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea apuestan por inyectar dinero público.
Sarkozy anunció que en las próximas semanas los expertos diseñarán un plan que cuente con "la participación privada de forma voluntaria", sin dar más precisiones. En cualquier caso, ambos líderes coincidieron en que los planes para Grecia tendrán que contar con el absoluto acuerdo del BCE y la participación de la "troika" formada por la entidad, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La reunión precedió a la cumbre de la Unión Europea (UE) que se celebrará en Bruselas el jueves y el viernes de la semana que viene. Se estima que Atenas necesita entre 80.000 y 120.000 millones de euros (115.000 a 170.000 millones de dólares) para evitar la bancarrota. Las nuevas ayudas se sumarán a los 110.000 millones de euros que recibió el año pasado por parte de la UE y el FMI, en un primer paquete de rescate que no logró convencer a los mercados.
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.