El canciller Héctor Timerman partirá este lunes rumbo a la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York para participar el martes de la sesión anual del Comité Especial de Descolonización de la ONU, donde se abordará, tal como viene sucediendo desde 1989, la cuestión de las Islas Malvinas.
Timerman estará acompañado por los diputados nacionales Ruperto Godoy (Frente para la Victoria), Julio Martínez (UCR) y Federico Pinedo (PRO) y el senador nacional Rubén Giustiniani (Partido Socialista).
“La Cuestión Malvinas es una causa nacional y tiene el apoyo de toda América y de una amplia mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas”, señaló el canciller.
En la sesión del martes, los 29 países miembros del Comité examinarán un proyecto de resolución que tradicionalmente es copatrocinado por todos los países latinoamericanos del Comité (Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela).
El proyecto reitera el llamado a los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido a reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la controversia de soberanía relacionada con la Cuestión de las Islas Malvinas a la mayor brevedad posible, de conformidad con lo establecido en las correspondientes resoluciones de la Asamblea General.
Timerman presentará la posición argentina y dejará sentada, una vez más, la predisposición de nuestro país a encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía, algo que se ha visto impedido por la renuencia sistemática del Reino Unido a reanudar las negociaciones, así como por los repetidos actos unilaterales en los que incurre esta potencia.
También participarán de la sesión, en calidad de peticionarios, María Angélica Vernet, tataranieta de Luis Vernet (autoridad a cargo de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico al momento de la usurpación británica, en 1833) y Alejandro Betts, argentino nacido en Malvinas, residente en territorio continental desde 1982.
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.