La primera vez que oí hablar acerca de la extinción de dominio fue en Colombia. Y la “víctima” de ese atropello al derecho de propiedad fue el compañero Pablo Escobar, el personaje del cual, gracias a Netflix, conocemos hasta los detalles de sus hazañas como narcotraficante, aunque me temo que sabemos menos sobre sus incursiones en la política colombiana, incursiones acompañadas de discursos y declaraciones en las que el compañero no vacilaba en definirse como un hombre del pueblo, un empresario preocupado por las necesidades populares y un ciudadano de reconocidas posiciones antimperialistas.
Un ensayista en su momento calificó a Escobar y a su obra como “narcopopulismo”, atendiendo a sus iniciativas en materia de viviendas populares, estadios deportivos, hospitales y promoción de la música de los pobres. Escobar siempre dijo que su preocupación por la política no apuntaba a favorecer a los ricos “a los que siempre desprecié”, sino a los pobres. Y admitamos que a su manera el hombre predicaba con el ejemplo. Recordarán que una de sus consignas preferidas fue: “Prefiero una tumba anónima en Colombia que una cárcel de lujo en Estados Unidos”. ¡Ése es un caudillo popular y no joda! Como para ponerse a llorar de emoción.
Escobar, por supuesto, sabía de lo que hablaba. Es probable que su rechazo a los yanquis haya sido sincero, y no va ser el primer derechista y carnicero que hizo del odio a los yanquis una santa causa, pero mucho más sincero que su proclamado odio era su instinto de preservación, ya que Escobar sabía muy bien que si lo llevaban a Estados Unidos no salía más, mientras que una prisión en Colombia podría ser, en el peor de los casos, algo así como unas agradables vacaciones, esperanza que concretó cuando lo metieron preso y desde el presidio continuó organizando el narcotráfico y los ajustes de cuentas, sin privarse al mismo tiempo de garantizar una fluida asistencia de mujeres, champagne, caviar y otras menudencias. “Prefiero una tumba en Colombia”.
Claro que Escobar sabía muy bien con los bueyes que estaba lidiando. No conozco sus lecturas, pero sé que las tenía, como también sé de su inteligencia, pero en todos los casos lo que siempre quedó claro es que Escobar conocía muy bien las debilidades institucionales de Colombia, la corrupción de su clase política y las fantasías del llamado campo popular, siempre muy dispuesto a dejarse seducir por la retórica antimperialista, en particular antiyanqui.
Atendiendo a estos “ejes discursivos”, si Escobar hubiera vivido en la Argentina –su hijo y su esposa vivieron aquí gracias a la proverbial y “desinteresada” generosidad del gobierno de Menem- no costaría mucho imaginar en qué partido político o movimiento nacional estaría cómodo, con capacidad de maniobra incluso para gestar una prometedora y auspiciosa carrera política.
No voy a dar nombres porque no me gustan las redundancias o reiterar obviedades y lugares comunes, y, sinceramente, obvio y redundante sería yo si dijera el nombre de la fuerza política argentina en la que Escobar se lo reconocería como un héroe popular y un maestro de generaciones nacionales, populares y antimperialistas.
Pero volvamos a la extinción de dominio. No soy abogado, no soy jurista como para opinar sobre tecnicismos jurídicos en un tema en el que sospecho que una vez más la biblioteca estará dividida, pero me considero un ciudadano atento e informado acerca de los acontecimientos públicos. Y es desde ese lugar que digo que en principio la extinción de dominio es una causa justa porque apunta a sancionar, entre otros, a funcionarios, empresarios, sindicalistas y políticos corruptos y a su pareja de baile: los narcotraficantes. ¿Alguien pude oponerse a la extinción de dominio cuando a nadie se le escapa que la Argentina ha sido literalmente saqueada por esta rosca de funcionarios, empresarios, sindicalistas y políticos? ¿Alguien se puede oponer a que los narcotraficantes devuelvan el producto de sus delitos y crímenes?
Dicho ahora sin signo de preguntas: la extinción de dominio a los únicos que les puede preocupar, inspirar miedo no es a la gente que trabaja, no es a los empresarios que se han enriquecido dentro de la ley, no es a los políticos que no se prestaron a los sobornos o a caer rendidos ante los cantos de sirena de los profesionales de la corrupción. Y dicho a continuación de una manera mucho más sencilla, como para que todos entiendan: si no sos ladrón o narcotraficante, con la extinción de dominio no tenés nada que temer.
Dirán los compañeros: no nos oponemos, queremos tratarla. Dos años lleva encajonado el proyecto. Ese es el tratamiento que le dan. Nada nuevo bajo el sol, por otra parte. Ya es bien sabido, al respecto, que la picardía política lo que aconseja en estos casos no es a oponerse, porque los costos serían altos, sino a decir que sí y después mandarla a dormir el sueño de los justos en el último cajón del último escritorio.
¿Nada que decir del gobierno? Mucho para decir, pero por razones inversas a las de los kirchneristas. A mí lo que me preocupa no es que el DNU sobre extinción de dominio se aplique, me preocupa que no se aplique, que quede en letra muerta, que lo traben…
Sobre las cuestiones jurídicas también se pueden decir algunas palabras aunque uno no sea jurista. En principio el DNU es controvertido y no conozco ningún DNU que no lo haya sido. Es más, me llama la atención que hoy pongan el grito en el cielo los mismos que jamás abrieron la boca por los 270 DNU dictados por el compañero Néstor, para no hablar de los dictados por la compañera Cristina o el compañero Carlos Saúl que también suman centenares.
No deja de conmover, por otra parte, que personajes como Pino Solanas y los caudillos troskistas se manifiestan preocupadísimos por las acechanzas del gobierno de Macri al sagrado derecho de propiedad. Para ponerse a llorar de emoción por la sinceridad del reclamo Mi preocupación, además, se extiende a los caudillos populistas, súbitamente afligidos por las posibles violaciones a los principios fundacionales del derecho liberal, gorila y burgués. Un detalle sobre estos muchachos: ¿Se fijaron que nunca dicen que son inocentes, sino que se defienden diciendo que “no hay pruebas”, como en el caso Nisman o, “se ataca el derecho de propiedad”? ¿Se fijaron en ese detalle? ¿No les parece que Al Capone, Meyer Lansky, Lucky Luciano o Toto Riína, eran más pudorosos?
Ironías al margen, lo que creo es que en términos prácticos el Congreso finalmente se pondrá las pilas y sancionará una ley de extinción de dominio, de lo que se desprende que el DNU solo se habría limitado a cumplir las funciones de “estimulante”, atendiendo a que la prometida ley había sido encajonada por los senadores con el mismo celo burocrático con que protegen a Menem y a Cristina de las acechanzas de la justicia.
¿No hay nada que discutir sobre una ley de extinción de dominio? Por supuesto que hay mucho que discutir, pero una cosa es discutir y otra chuparse el dedo y no advertir que en nombre del libre debate los principales jerarcas de la causa K lo que en realidad defienden es el derecho a disfrutar de por vida de los frutos del saqueo. El derecho de los de ayer, de los de hoy y los de mañana.
“Son objetivos electorales”, dicen los mismos que derrotada la alternativa “helicóptero” recurren a todos los métodos y retóricas posibles para ganar las elecciones de este año. No jodamos: denunciar cada decisión como “objetivo electoral” es como si en un partido de fútbol un equipo denunciara a otro porque pretende hacerle un gol; o como si en una pelea a quince rounds, un boxeador acusara a otro de querer nockearlo.
Por supuesto que los objetivos electorales están presentes entre quienes intervienen en política, motivo por el cual lo que se debe discutir es la calidad de las iniciativas, si benefician o no a la sociedad, si son o no justas. Pues bien, si esto es así, quisiera saber sinceramente quién puede oponerse a que los corruptos del poder y los narcotraficantes corran el riesgo de ser despojados de los bienes que obtuvieron a costa de la sangre, el sudor y las lágrimas de los argentinos.