El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, realizó en la ciudad de Barrancas charlas informativas sobre los alcances, competencias y políticas anticorrupción que lleva adelante la provincia, actividad de la que participaron 135 jóvenes.
Bajo el título “Competencias de la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público de la provincia de Santa Fe”, los encuentros tuvieron lugar el 15 de junio en dos instituciones educativas: en la escuela de Enseñanza Media Nº 416 “General San Martín”, junto a alumnos de 4º y 5º año del Secundario, y del Eempa (Escuela de Enseñanza Media para Adultos); y en el Instituto Superior del Profesorado de Enseñanza Técnica Nº 17. En total participaron 135 alumnos secundarios y terciarios, interesados en conocer el trabajo cotidiano del área.
“Esta dirección provincial fue creada en 2008 con la convicción de que la corrupción provoca desigualdad e injusticia entre los habitantes y degrada las instituciones del Estado. La finalidad fue la de iniciar desde el Poder Ejecutivo una política de lucha concreta contra la corrupción y dar transparencia en los actos de gobierno a través de una agencia especial, de conformidad a las recomendaciones surgidas de las convenciones internacionales sobre la materia aprobadas por el Estado Argentino”, señaló el director del área, Paulo Friguglietti.
La Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público fue creada por decreto del gobernador Hermes Binner en agosto de 2008, y es la primera oficina de este tipo en toda la historia de la provincia de Santa Fe.
Se trata de un organismo cuya misión principal es la de diseñar y promover la implementación de políticas de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la gestión pública, careciendo de atribuciones sancionatorias y coercitivas. Entre los proyectos elaborados por el área, algunos de los cuales se convirtieron en norma, se encuentran el decreto de Acceso a la Información Pública, del cual la dirección es autoridad de aplicación; la creación del Sistema Provincial de Información Mínima a publicarse respecto de funcionarios y empleados de la Administración Pública Provincial; el proceso de elaboración participada del proyecto de ley que establece el nuevo régimen de declaraciones juradas de funcionarios públicos; la participación en el control de las incompatibilidades por multiempleo; el desarrollo de la herramienta denominada “mapas de transparencia” como método de análisis de situaciones procedimentales y/u organizacionales para detectar incentivos para que se cometan actos de corrupción y planificar desde allí las modificaciones necesarias.
Se trata del tercer policía implicado en la causa. El acuerdo de juicio abreviado incluye una inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y una multa de 2 000 000 de pesos.