Ya es público el pedido del gobernador Miguel Lifschitz a los senadores que le den tratativ al proyecto que busca imponer una carga tributaria a las cerealeras (no a todas, solo a los más grandes) y entidades financieras para tratar de sostener al transporte público de pasajeros. Con esto se busca cubrir parte de los 3600 millones de pesos que no se girarán y cubrir el 50 % de la falta de subsidios.
El proyecto ya tiene media sanción en Diputados y se buscará la aprobación lo antes posible. El pedido fue oficializado ayer por Lifschitz y establece un aumento de los gravámenes a entidades financieras y cerealeras con el fin de destinarlo a sostener los sistemas de transporte en Santa Fe.
Diputados ya aprobó que el sector agroexportador deberá pagar el 1 por ciento de su facturación de impuestos a los ingresos brutos. Además, como se explicó con anterioridad, se aumentará el impuesto inmobiliario tres veces junto al sector financiero. Esto último solo a las cerealeras que no están dentro de la Ley PYME.
El proyecto generó impacto y para que no sea aún mayor la banca oficialismo destacó que la carga impositiva será de tan sólo 72 centavos por cada mil pesos de recaudación. Se estableció que el 10 por ciento de lo recaudado por el impuesto a los Sellos se destine a engrosar el Fondo Provincial Compensador del Transporte. Todo ello haría un monto de aporte directo de 500 millones de pesos para el transporte.
Pero claramente falta para llegar a los 3600 millones. Para esto la provincia ya tiene un plan B. El Fondo Compensador tendrá entre 1.500 a 1.800 millones de pesos para subsidiar los colectivos en 2019, muy lejos de los 3.600 millones de pesos que llegarán sólo hasta fines de 2018 por parte de la administración central.
En diálogo con LT10, el secretario de Transporte santafesino, Pablo Jukic, confirmó que este fondo tendrá entre 1.500 a 1.800 millones de pesos para 2019. Esto equivale al 50% de la cantidad de millones que ya no llegarán por lo que no se descarta un aumento del transporte. Esto es un hecho pero no tendrá el mismo impacto que si se daría sin este tipo de medidas.
"La idea es que cada localidad y las empresas mantengan la proporcionalidad que venían recibiendo del gobierno nacional", destacó el funcionario.
Pero a la hora de analizar variables de cómo cubrir el otro 50 por ciento que quedará al descubierto e impactará en el sistema de costos del transporte, admitió que "debería acomodarse con aumento de la tarifa".
A la hora de analizar cuándo deberán acomodarse los nuevos números en 2019, el titular de Transporte dejó abierta la puerta a no aplicar en forma inmediata una suba de boleto. "Debería aplicarse desde enero, pero habrá que ver si los recursos extraordinarios serán parejos a lo largo de todo el año o pueden ser más fuertes y elevados a comienzos del año que viene", subrayó.