Tras el fracaso legislativo por revocar la Ley de Caducidad -ratificada por dos referendos-, el presidente uruguayo revocará por decreto los actos administrativos que impidieron juzgar los crímenes de Estado entre 1973 y 1985.
"El señor presidente ha decidido" que "se dicte un decreto por el cual se revoca, por razones de ilegitimidad, todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo" que consideraron los hechos denunciados como "contemplados" en el artículo tres de la Ley de Caducidad, indicó el secretario de la Presidencia uruguaya, Alberto Breccia, el mismo día en que se cumplen 38 años del golpe de Estado que dio inicio al gobierno de facto.
Explicó que la Justicia "requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de treinta días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido" en la Ley de Caducidad -aprobada en 1986 y ratificada en dos referendos en 1989 y 2009-, que dejó impunes a los militares y policías.
Añadió que el decreto no se ha firmado todavía para dar tiempo a todos los familiares de las víctimas a que decidan si quieren que su caso sea incluido dentro de esta medida, que puede derivar en la reapertura de unos ochenta procesos.
Breccia destacó que la postura del gobierno de José Mujica no está violando la separación de poderes. "No estamos ingresando para nada en la competencia que el Poder Judicial va a tener de disponer o no del desarchivo de esos casos por considerar que existe o no en cada uno de esos casos cosa juzgada", argumentó.
El funcionario señaló que la iniciativa oficial pretende suplir las carencias expresadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia en la que el 24 de marzo pasado condenó al Estado uruguayo.
En aquel dictamen, la CIDH responsabilizó a Uruguay por la desaparición de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y de la supresión de identidad de la hija de ésta, Macarena Gelman. Además, instó al Estado a "tomar las medidas necesarias para que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado deje de representar un obstáculo para la investigación" de las causas.
"Hemos estado trabajando en un análisis exhaustivo de la sentencia de la CIDH a los efectos de ir cumpliendo con lo que ésta dispone y, en ese sentido, estamos previendo tomar algunas decisiones con respecto a incrementar las competencias de la Comisión de Seguimiento", señaló Breccia, según el diario El Observador.
El izquierdista Frente Amplio, partido del gobierno conformado por varios ex integrantes del grupo Tupamaros, intentó sin éxito aprobar en el Congreso un proyecto para anular esa ley. Algunos senadores y diputados oficialistas lo rechazaron por considerar que vulneraba los dos referendos pero acabaron apoyándolo por disciplina partidaria, mientras que fue determinante la abstención del diputado Víctor Semproni para el fracaso de la iniciativa.
Los equipos nuevos sufrieron un desperfecto y debieron recurrir a estufas eléctricas. Esperan que la solución llegue en el transcurso de la jornada.