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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, se reunió este mediodía con la Corte Suprema de la provincia en pleno para tratar diversos temas, como los proyectos de leyes que se encuentran en la Cámara de Diputados y hacen referencia a la creación de cargos para la justicia santafesina, la informatización del Poder Judicial, el estado de los edificios que albergarán los centros de justicia penal de Santa Fe y Rosario, así como los avances en la mediación prejudicial en lo civil y comercial y en la justicia comunitaria.



La reunión se llevó a cabo en el Palacio de Tribunales en la ciudad de Santa Fe, y de ella participaron los jueces Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Eduardo Spuler, así como el secretario de Gobierno del máximo tribunal, Eduardo Bordas.



“El primero de los temas que abordamos, quizás el más importante, fue la creación de cargos solicitada a través de dos proyectos de leyes que actualmente se encuentran en la Cámara de Diputados para su tratamiento”, indicó Superti en referencia al mensaje N° 3.878 (personal de apoyo afectado a las nuevas instituciones de la justicia penal) y N° 3.855 (cargos para áreas no penales), oportunamente remitidos por el Poder Ejecutivo.



“La Corte se encuentra en sintonía con estos proyectos. El que se refiere a cuestiones no penales permitiría avanzar, así como en su momento se hizo con los juzgados de Familia, en materia laboral, además de otros fueros. Y sobre los 820 cargos, se manifestó que son imprescindibles para avanzar en la implementación progresiva de la reforma procesal penal”, agregó el ministro de Justicia y Derechos Humanos.



En materia informática, “se habló sobre los avances de la informatización en los distintos fueros”, mientras que sobre los edificios de la nueva justicia penal “se evaluó el rápido avance de la obra del centro de justicia penal en Rosario y el inminente llamado a licitación para la estructura de hormigón del edificio de la ciudad de Santa Fe”, dijo Superti (uno está ubicado en Virasoro y Sarmiento, y el otro en la manzana de los actuales Tribunales).



También, en materia edilicia, se abordó la cuestión suscitada en Cañada de Gómez a partir de que el municipio local donó un terreno baldío para la construcción de infraestructura judicial. “Se analizaron las posibilidades de construir un centro de justicia penal adecuado a esa localidad, así como de edificar para otros fueros”, consignó Superti.



“Personalmente dejé una propuesta de centro de justicia penal, es decir, donde está el Ministerio de la Acusación, el Servicio de la Defensa Penal y los tribunales de la investigación penal preparatoria, que podría replicarse en otras ciudades del interior de similares dimensiones”, completó el ministro en referencia a un trabajo diseñado por personal del área de arquitectura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



Por último, en la reunión también se habló de la mediación prejudicial obligatoria. En ese sentido, “está al salir el decreto reglamentario de la ley pertinente y casi lista la agencia que administrará el sistema. En breve se abrirá el registro de mediadores porque queremos empezar a ponerlo en marcha progresivamente”, explicó Superti.



Sobre la justicia comunitaria, el ministro hizo entrega a los jueces de la Corte de un decreto firmado por el gobernador que activa el llamado a concurso de 20 jueces comunitarios –antes comunales o de paz– y reglamenta los concursos para el resto de las vacantes.-