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La Unidad de Información Financiera (UIF) emitirá en los próximos días una resolución que obligará a las sociedades de Bolsa, gestoras de fondos comunes de inversión y otros jugadores de la city porteña a informar las operaciones de sus clientes que superen los $ 40.000, con el objetivo de prevenir el lavado de activos. La norma unificará las disposiciones preventivas de la UIF y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y las actualizará en función de la nueva ley antilavado.

Como sucedió con los bancos a medidos de agosto, la disposición hará operativo el deber de informar operaciones habituales y extraordinarias en la industria financiera. Las sociedades de Bolsa, las aseguradoras, los operadores de fideicomisos y otros actores deberán pedir una declaración jurada a sus clientes en las operaciones que superen los $ 40.000 y otra documentación respaldatoria en aquellos casos en que superen los $ 200.000.

Fuentes de la UIF y de la CNV confirmaron a El Cronista que técnicos de ambos organismos trabajan en la letra fina de la resolución, que incorporará planteos y recomendaciones de los actores del mercado de capitales. Las instituciones que presiden José Sbattella y Alejandro Vanoli, respectivamente, coordinan sus normas antilavado –la resolución 33 de la UIF, de comienzos de año, y la resolución 22 de la CNV, de 2009– y adecuan la redacción a la nueva ley votada por el Congreso a mediados de año. La CNV, como regulador del mercado, tendrá un desempeño clave en la norma, aunque la UIF será la autoridad de aplicación.

Si bien todavía no está claro qué operaciones deberán informar los sujetos obligados, la UIF estableció un monto “base” de $ 40.000 que imprime en todas sus resoluciones. Eso ocurrió con los bancos, a mediados de mes, que deben anotar depósitos superiores a esa cifra y en la resolución que vigila la compra de oro. También se requiere informar operaciones de más de $ 40.000 en la resolución 33 de la UIF, que regula en la actualidad el mercado de capitales.

Sin embargo, habrá diferencias de criterio, que se definen en estos días: “No habrá un único traje para todos los actores”, dijo una de las fuentes consultadas. “No se puede tratar igual a un Fondo Común de Inversión que a una productora de fideicomisos o una sociedad cotizante”, fundamentó.

Las sociedades de Bolsa y otras entidades de la city deberán realizar informes de sus clientes, trazar un perfil de operaciones habituales y reportar aquéllas que salgan de ese encasillamiento. La CNV, por otro lado, informará a la UIF sobre aquéllas operaciones sospechosas que detecte en sus inspecciones regulares a las entidades que regula.
La UIF intenta con estas medidas mostrarse activa ante el ojo escrutador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), luego de que éste haya incluido a la Argentina en una lista de países cooperantes con deficiencias en el control del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, conocida informalmente como “lista gris”.

Sbattella y técnicos del Ministerio de Justicia viajarán a Miami a mediados de mes. Adelantarán las acciones del Gobierno de junio a esta parte para salir de esa lista gris, ante una comisión de países americanos encabezada por Canadá. Luego, en octubre, defenderá la nueva norma –que será corregida en el Congreso– ante la cúpula del GAFI.
Inspecciones en la city

Según una fuente de la UIF, el GAFI hace hincapié en la fase operativa de la ley. La UIF llevará casos en los que actúa como querellante y una serie de inspecciones a distintos sectores. La semana pasada, la entidad estuvo en Córdoba revisando locales de juego. En los próximos días, inspeccionará sociedades de Bolsa en la city porteña.
Distintos profesionales cuestionan la “amplitud” de alcance de las resoluciones de la UIF. Advierten que al requerir tantos informes y partir de cifras relativamente bajas, puede perderse de vista el efectivo control de quienes lavan activos.