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El Congreso empezará a discutir esta tarde uno de los temas más polémicos de la agenda parlamentaria: el aborto. En la calle, frente a la Cámara de Diputados, habrá manifestaciones antagónicas, convocadas por movimientos defensores del concepto de que hay vida desde la concepción, unos, y por quienes postulan que se debe garantizar a las mujeres el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Pero los legisladores no contarán en el debate de hoy, en la Comisión de Legislación Penal, con la guía presidencial que en los últimos años señaló una dirección clara en las discusiones de cada ley. Cristina Kirchner se pronunció en contra de la interrupción voluntaria de embarazos en 2007. Luego guardó silencio, aunque dio signos claros de su postura, como cuando el ministro de Salud, Juan Manzur, fue forzado a dar marcha atrás con su guía de orientación sobre abortos no punibles.

En cualquier otro debate la señal presidencial hubiese bastado para disciplinar a la mayoría oficialista. Pero el debate sobre la legalización del aborto cruzó con fuerza todos los bloques, que dejaron librados al criterio personal el apoyo o no a la propuesta, que lleva la firma de unos 50 legisladores, muchos de los cuales integran el Frente para la Victoria (FpV) o son aliados cercanos al oficialismo en las votaciones.

En ese contexto comienza el debate en la Comisión de Legislación Penal, cuyos 31 miembros esperan alcanzar el quórum para iniciar la discusión. Tanto aquellos que avalan esta reforma como quienes se oponen dudaban anoche si finalmente saldrá un dictamen o si concluirá la jornada con una serie de exposiciones testimoniales. El oficialismo se sentaría en la comisión sólo si hay quórum.

Es que la convocatoria parte, incluso, de la oposición. El cordobés Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica (CC), preside esa comisión, que en los últimos dos años realizó una serie de jornadas abiertas para escuchar a especialistas. Vega estaba decidido a citar a sus pares antes de que termine el año legislativo. No quería dejar esa presidencia sin haber colocado en debate el aborto. Aunque a último momento armó un proyecto propio, menos permisivo que el promovido por la mayoría.

Con fuerte envión desde los sectores de la izquierda política, el proyecto central en discusión propone directamente la legalización del aborto. Interrumpir un embarazo quedará librado a la decisión individual de la mujer durante las primeras 12 semanas de gestación. Se establece que todos los servicios médicos, públicos o privados, deberán llevar adelante el aborto ante la determinación de la mujer, sin recurrir a la Justicia ni a comités de bioética. En casos de violaciones, la afectada por ese delito podrá disponer el fin de su embarazo incluso después de los tres meses.

Hoy sólo se considera aborto no punible el realizado ante el riesgo de vida de la madre o en caso de violación de una mujer con capacidades mentales disminuidas. Ayer, la organización Catholics for Choice (con sede en los Estados Unidos y posición contraria a la del Vaticano) difundió el resultado de una encuesta entre 1000 personas: el 81% aceptaría el aborto en casos en que la madre corre riesgo.

Aumenta el debate la referencia a casos en los que se afecta la salud de la mujer. Para quienes desean correr los límites de los abortos permitidos, esa mención incluye la salud mental. Esa posición fue establecida el año pasado en la guía sobre abortos no punibles publicada por el Ministerio de Salud. Manzur tuvo que aclarar entonces que no había ordenado la publicación de esa declaración.

Una de las mayores controversias a la hora de enfrentar casos no punibles de abortos estriba en cuál es la autoridad que deberá determinar cómo encuadrar al hecho analizado. Vega pondrá hoy a consideración un proyecto de ley que establece al médico como único referente autorizado para avalar un aborto, dentro de los márgenes permitidos por la ley. Su iniciativa permitiría interrumpir embarazos también en cualquier caso de violación, pero hasta la 12a. semana de gestación.

Son ésos los dos principales proyectos que estarán en debate, si es que la comisión consigue juntar al menos 16 legisladores, número importante en un tiempo de recambio de congresistas. Para muchos empieza el tiempo de la despedida de la Cámara tras las elecciones pasadas. Fuentes legislativas indican que no está en el ánimo de la Cámara discutir temas tan complejos a poco más de un mes de la llegada de los nuevos legisladores.

Poner hoy esta cuestión en debate fue casi un desafío personal de Vega. Sin embargo, para que un dictamen de esta envergadura política llegue al recinto deberá pasar antes por acuerdos en las jefaturas de los bloques principales. Y hoy ni siquiera se sabe quiénes serán los futuros referentes en Diputados.

Todas esas dudas confluyen, en definitiva, en la decisión presidencial de impulsar o no el debate sobre el aborto y en qué condiciones. Y una referencia indirecta dada por Cristina Kirchner no pasa inadvertida por estas horas: la Presidenta abrió las sesiones legislativas de este año con la extensión a las embarazadas, a partir del tercer mes, de la Asignación Universal por Hijo.