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Ana María Acevedo tenía 19 años cuando concurrió, el 9 de mayo de 2006, al Samco de Vera por un malestar dental. Poco después se le detectó un tumor maxilar en el Hospital Iturraspe de esta capital, el cual fue reseccionado en el Cullen. Tras ello, era indispensable que la joven recibiera quimioterapia o rayos, pero los médicos del primer nosocomio mencionado se negaron a darle esos tratamientos oncológicos porque se confirmó que la paciente estaba embarazada y tampoco accedieron a practicarle un aborto terapéutico, como lo prevé claramente el Código Penal argentino.

A raíz del caso se abrió una causa judicial en la que resultaron procesados el director del Iturraspe Andrés Ellena y los jefes de los servicios de Oncología y Ginecología del nosocomio, César Blajman y Raúl Musacchio, respectivamente, por los delitos de lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real. Con esta última imputación resultaron también imputados el radioterapeuta Jorge Venanzi; la titular del Hospital de Vera Sandra Barbieri y José Manuel García, ntegrante del Consejo de Administración de ese último. Desde entonces, el expediente espera sentencia.

Pero además, está radicada en sede administrativa una demanda por la que se reclama a la Provincia un resarcimiento económico que busca establecer la responsabilidad objetiva de los médicos, en tanto agentes públicos, por haberle negado la prestación de salud a Ana María. La presentación se realizó ante Fiscalía de Estado, que según fuentes oficiales se expediría en las próximas horas.

El dictamen podría significar una bisagra en cuanto a la forma en que el Estado debe responder en sus efectores públicos ante casos de abortos terapéuticos.