Lt 10

Al declarar por videoconferencia ante el Tribunal Oral en lo Federal 6, el actual diplomático también señaló que, por testimonios que leyó en la causa, el robo de bebés durante la gestión que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976 era una práctica “sistematizada”.

En en el marco del juicio por la existencia de un plan sistemático de robos de bebés durante la dictadura, Balza afirmó que, en 2000, al leer los testimonios que le exhibió el ex juez Adolfo Bagnasco, por entones a cargo de la investigación, que incluían dichos de “médicas, parteras, enfermeras”, llegó a la conclusión que “obedecían a una práctica sistemática”.

“Si se tiene en cuenta que hoy ya se han encontrado más de cien niños”, en referencia a quienes pudieron recuperar su identidad por la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo, “advertimos que no fue algo casual sino sistemático”, dijo Balsa, quien no dudó en calificar el robo de recién nacidos como un “repugnante delito”.

El diplomático –quien aludió a los años de la dictadura como “período trágico de nuestra historia”- señaló que en la zona del Hospital Militar de Campo de Mayo, donde las prisioneras parturientas daban a luz a los niños que luego eran apropiados por los represores, las mujeres "entraban con una guardia de prevención y no se las registraba en los libros”.

Ante una consulta puntual sobre si esas prácticas fueron ordenadas, consentidas o autorizadas por las máximas autoridades militares de entonces, Balsa afirmó: “no tengo ninguna duda de que esas órdenes no fueron impartidas por un subordinado ni un oficial de menor rango”.

El ex jefe del Ejército también admitió que “se comentaba” que en ese centro militar existía un denominado “lugar de reunión de detenidos” en referencia al centro clandestino de detención y torturas que allí funcionaba y que se trataba de un sitio cuyo acceso estaba “expresamente prohibido”.

Entre las revelaciones que Balza ratificó ante los magistrados durante la videoconferencia fue la orden dada por el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, en las postrimerías de la dictadura, para que en las unidades militares entregasen a la jefatura de la fuerza la “documentación falsificada de la lucha contra la subversión”.

El objetivo de ese pedido era para “proceder su incineración”, tal como se desprende del “mensaje militar conjunto” (al que Balza calificó como "orden”) emitida por Nicolaides el 22 de noviembre de 1983 y que debía ejecutarse antes del 1 de diciembre ya que días después asumía el presidente constitucional Raúl Alfonsín.