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 Tras participar de un seminario sobre la Ley de Tierras realizado en la sede de Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), Domínguez dijo que “la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue categórica respecto a que los derechos adquiridos son derechos adquiridos” y que por lo tanto el proyecto de ley no busca vulnerarlos.

Para el ministro, en el caso de situaciones que no contempla la iniciativa, “el Estado tiene potestad para otras acciones, para temas que considere de interés estratégico”.

Respecto a las limitaciones que establece el proyecto de ley de mil hectáreas por persona física o jurídica y un tope del 20 por ciento del territorio para extranjeros, el ministro consideró que se trata de “límites ordenadores” que fueron surgiendo de los distintos proyectos que había en materia de tierras.

“Se trata de pautas, luego el propio proceso nos dirá qué hacer. Una legislación no es una norma pétrea que no permite ser modificada”, explicó Domínguez.

Al referirse a la calificación de inconstitucionalidad endilgada al proyecto por legisladores de la oposición, el funcionario consideró que se trata de una interpretación originada en “un liberalismo dogmático”.

“No nos olvidemos que la última reforma constitucional vino con el proceso que entregó muchísimos recursos del país, donde todo se privatizaba”, dijo el ministro.

En la misma línea, el ministro de Justicia, Julio Alak, calificó de "disparatada" a la calificación de inconstitucional disparada desde la oposición contra la iniciativa.

“El Congreso tiene facultades suficientes para establecer el uso de los recursos en la Argentina”, agregó Alak.

Además, el funcionario desestimó la posibilidad de que la Justicia considere que el proyecto, una vez transformado en ley, pueda ser frenado por “inconstitucional”.

“Las visiones que hablan de inconstitucionalidad responden a un lobyy económico o a una visión diferente, para nosotros la tierra es un objeto de producción y un hecho cultural”, destacó Alak.

Por otra parte, en diálogo con Télam, Domínguez consideró que la iniciativa apunta a “que la tierra no sea una mercancía y a pensar en los productores más chicos”.

Para el ministro, hay “que pensar quién es el sujeto agrario, no podemos seguir con una mirada de hace 10 años, donde el que tenía la tierra la trabajaba".

“Hoy existen los contratistas, que son quienes trabajan la tierra e invierten, son uno de los sujetos agrarios”, concluyó el titular de la cartera agropecuaria.

El proyecto busca limitar a mil hectáreas la tenencia de campos por parte de extranjeros y prevé la creación de un Registro Unico Nacional de propiedades, para limitar a 20% el dominio por parte de no nacionales.

La apertura del seminario estuvo a cargo del rector de la UCA, el presbítero Víctor Manuel Fernández, quien manifestó el respaldo de la Iglesia al proyecto oficial.

Fernández recordó que "el Episcopado argentino habló sobre este tema en su aporte `Una tierra para todos´, de 2005, donde se lamentaba por la extranjerización creciente de las tierras y la consideraba una pérdida de soberanía y de recursos naturales".

El religioso puntualizó además que "la doctrina social de la Iglesia habla de la necesidad, en muchos casos, de redistribuir la tierra a través de procesos de reforma agraria, para evitar la extensión de latifundios".

Advirtió luego que "el riesgo de conformación de latifundios es más grande cuando la tierra está en manos extranjeras".

Fernández sostuvo por último que la ley de Protección al Dominio de las Tierras Rurales "no va a resolver todos los problemas relacionados con la concentración en la propiedad de la tierra, o el cuidado de recursos naturales y el medio ambiente, pero es una decisión urgente".