La fiscal en lo Civil y Comercial de Córdoba Alicia García de Solavagione pidió que se revoque de forma "urgente" un amparo que había autorizado a realizar un trasplante de riñón porque considera que al donante, que no es familiar del paciente, le ofrecieron una gratificación económica a cambio del órgano.
El paciente, que tiene 67 años, no está en la lista de emergencia. Sospecha que a cambio del órgano se le ofreció una moto y nombrarlo heredero del paciente. Este tipo de "recompensas" están penadas por la justicia.
La ley 24.193 establece en el artículo 28 -apartado VIII, de las penalidades- de seis meses a cinco años de prisión para quien "directa o indirectamente diere u ofreciere beneficios de contenido patrimonial o no, a un posible dador o a un tercero, para lograr la obtención de órganos o materiales anatómicos". Sólo puede haber una donación por motivos altruistas o para colaborar con investigaciones científicas.
En el inciso "b" de ese artículo fija la misma pena para "el que por sí o por interpósita persona recibiera o exigiera para sí o para terceros cualquier beneficio de contenido patrimonial o no, o aceptare una promesa directa o indirecta para sí o para terceros, para lograr la obtención de órganos o materiales anatómicos, sean o no propios".
Todo comenzó en abril último, cuando el juez en lo Civil y Comercial de Córdoba, Gustavo Massano, autorizó al paciente a recibir un riñón de una persona con quien no tiene lazo familiar y que es empleado de su hijo.
Esto llevó a Solavagione a plantear que existe una "relación laboral de dependencia y de subordinación económica" entre el donante y un familiar directo del futuro receptor. Y agrega que en una audiencia el paciente dijo que pensaron "que habría que darle una recompensa. Hasta le dije a mi esposa que lo quiero tanto (...) que lo quiero poner en mi testamento con mis tres hijos", publicó La Capital de Rosario.
La familia se defendió y aseguró que el ofrecimiento del órgano surgió del lazo afectivo con el donante. El juez aceptó el planteo, descartó que fuera motivado por un resarcimiento económico y rechazó la apelación de la fiscal.
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