Los jueces Daniel Rafecas y Norberto Oyarbide lograron eludir el juicio político, ya que el Consejo de la Magistratura archivó sendas denuncias en su contra por mal desempeño.
Rafecas había sido acusado por enviarse mensajes de Whatsapp con el abogado Danuzzo Iturraspe, vinculado a los acusados del caso Ciccone. En medio de un escándalo, fue denunciado por "pérdida de imparcialidad" y finalmente fue apartado de la causa por la Cámara Federal.
La causa por presunto mal desempeño contra Rafecas se archivó porque superó el plazo de tres años que se necesita para tramitar una denuncia en el Consejo. Los radicales Ángel Rozas y Gustavo Valdez, y el abogado Miguel Piedecazas pidieron postergar el tema para su tratamiento. Pero rechazaron la moción, y la votación terminó por desestimar la causa que podía derivar en juicio político contra Rafecas.
En cuanto a Oyarbide, había sido denunciado por portar un lujoso anillo, que habría sido ingresado al país sin declarar desde Uruguay. El anillo fue foco de controversia en su momento por su tasación. En un principio había trascendido que su valor era de 250 mil dólares, pero finalmente las pesquisas judiciales lo fijaron en 75 mil pesos.
La causa se inició a partir de la aparición de artículos periodísticos que aseguraban que el propio Oyarbide se jactaba ante sus colaboradores de haber pagado los citados 250 mil dólares por la joya. Luego el juez dijo que pudo comprar el anillo al cambiar por dinero muchos regalos que había recibido en los últimos cinco años.
A partir del incidente Oyarbide afrontó una causa por supuesto contrabando, ya que la joya fue adquirida en consignación en una casa exclusiva en Uruguay, cometiendo una infracción aduanera de la cual también resultó desvinculado.
La denuncia contra Oyarbide fue archivada con el voto de los representantes del Kirchnerismo en el Consejo, en tanto que la oposición votó en contra, y la presidenta del organismo, Gabriela Vázquez se abstuvo. No se logró superar la mayoría simple que se necesitaba.
Incluso se barajó la posibilidad de aplicarle al juez una multa del 30 por ciento sobre su sueldo, pero la votación terminó 6 votos a 6 y desempató Vázquez al desestimar la denuncia.
En febrero de 2026, se registró una caída de 343 empleadores en la provincia respecto a enero. Desde que empezó el ajuste en diciembre de 2023 a nivel nacional, Santa Fe sufrió la clausura de 2.931 empresas.