La serie de desencuentros y diferencias entre el Gobierno y la comunidad judía sumó un nuevo capítulo de tensión en las últimas horas a partir de la renuncia que presentó Héctor Timerman -denuncia mediante- a la AMIA, y la casi inmediata contestación de la entidad, en la que negó en duros términos sus planteos.
"En todas mis conversaciones con los dirigentes de ambas instituciones me ha quedado claro que su intención es mantener la denuncia contra los sospechosos y al mismo tiempo boicotear toda posibilidad de iniciar el juicio comenzando con obstaculizar los instrumentos de cooperación judicial acordados con Irán", acusó ayer el canciller en un mensaje que también tenía a la DAIA como destinatario.
La AMIA remitió hoy su respuesta al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que acusó recibo de su texto y se permitió contradecir los planteos del funcionario.
"Rechazamos de plano los términos utilizados en la misiva por considerar falsas, infundadas y calumniosas las expresiones que en la misma manifiesta contra AMIA y sus dirigentes. Resulta intolerable e inadmisible la más mínima insinuación de que la entidad y sus autoridades puedan haber actuado con ánimo de obstaculizar el curso de la investigación por el atentado terrorista del cual fuimos víctimas", indicó la AMIA.
En su carta, la mutual lamentó que "el hecho de haber manifestado una posición contraria al Memorándum de entendimiento firmado con la República de Irán", la haya convertido en destinataria "de acusaciones tan graves como injuriosas". Y añadió: "Esas reacciones no hacen más que demostrar una profunda falta de respeto ante el disenso y la imposibilidad de aceptar posturas diferentes".
La AMIA defendió su decisión de acudir "a las instancias judiciales preestablecidas" para hacer valer sus "convicciones" y pedir que "la Justicia se expida sobre la validez constitucional del acuerdo" con Teherán. "En ese sentido, nos causan consternación las fuertes amenazas que en su carta pone de manifiesto, preocupación que se acrecienta teniendo en cuenta que las mismas se originan en quien ostenta el cargo de Canciller de la Nación".
Tras conceder en primer término cierto crédito a los objetivos que el Ejecutivo decía perseguir, tanto la AMIA como la DAIA no tardaron en cuestionar la "letra chica" del acuerdo al punto de pedir su derogación. A partir de entonces, se pusieron al frente de las críticas y requirieron a la Justicia que declare la inconstitucionalidad del pacto. La petición aún no fue definida por la Cámara de Casación, que semanas atrás dispuso que se traduzca al castellano la versión del inglés para despejar dudas sobre los conceptos utilizados.
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