Al cumplirse 12 años de la inundación de 2003, Castro recordó que el expediente judicial está esperando sentencia, pero falta que se nombre un nuevo juez. “Sucede que nadie se quiere hacer cargo porque llega el momento de la verdad y las pruebas son contundentes. Ahora la situación es ineludible”, afirmó.
Por otra parte, señaló que “las pruebas sobran para ampliar las responsabilidades” a otros actores, como el ex gobernador Carlos Alberto Reutemann y el ex ministro de Hacienda y Obras Públicas Juan Carlos Mercier. En ese sentido, agregó: “verlos reaparecer políticamente nos indigna”.
“Nosotros queremos que la democracia se profundice, y que la justicia se asuma como independiente de cualquier poder político, para que podamos tener la tranquilidad de que la verdad histórica de lo que vivió el pueblo santafesino, con 158 muertos, no se vuelva a repetir”, finalizó.
“Estamos hartas y hartos de esta justicia que nos cuesta tanto”, sumó María Claudia Albornoz, integrante de la Carpa Negra.
“Esta justicia”, prosiguió, “nos cuesta a cada uno de los santafesinos 1.400 millones de pesos al año. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia cobran 130 mil pesos por mes y no pagan ganancias. Sin embargo, tenemos esta justicia de porquería que cajonea la cauda inundaciones porque la Corte está puesta a dedo por Reutemann”.
Historia y causa judicial
El 29 de abril de 2003, un tercio de la ciudad de Santa Fe se inundó por la creciente del río Salado y la obra inconclusa del tercer tramo de la circunvalación oeste. Más de 130 mil personas fueron evacuadas, hubo 23 fallecidos reconocidos oficialmente y 158 personas en total perdieron la vida directa o indirectamente, según parámetros de Organización Mundial de la Salud.
La causa penal tiene procesados al ex intendente Marcelo Álvarez; al ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli, y al ex director provincial de Hidráulica, Ricardo Fratti. Todos por estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas.
Desde que el por entonces juez de Instrucción Jorge Patrizi dictó los procesamientos en 2008, el expediente atravesó innumerables dilaciones forjadas por las defensas de los tres imputados. Entre ellas un pedido de prescripción y otro de inconstitucionalidad, que fueron rechazados por la Cámara de Apelaciones.
El caso está ahora a fallo, pero se debe definir quién será el juez que tome la resolución final. A raíz de que todos los magistrados de Sentencia ya pasaron por la causa o se excusaron en instancias anteriores, la única opción es ahora Orlando Pascua, que en verdad entiende en lo Correccional. De cualquier forma, la definición de quien resulte designado no llegará a la brevedad, ya que este nuevo funcionario interviniente deberá examinar una causa que ya lleva 15 cuerpos escritos y un armario de pruebas varias.
Mientras tanto, a lo largo de estos 12 años jamás se indagó la presunta responsabilidad de los principales funcionarios políticos de la provincia: los ex gobernadores Carlos Alberto Reutemann y Jorge Obeid, y el ex ministro de Hacienda y Obras Públicas Juan Carlos Mercier solamente fueron citados a declarar en calidad de testigos.
Por otra parte, señaló que “las pruebas sobran para ampliar las responsabilidades” a otros actores, como el ex gobernador Carlos Alberto Reutemann y el ex ministro de Hacienda y Obras Públicas Juan Carlos Mercier. En ese sentido, agregó: “verlos reaparecer políticamente nos indigna”.
“Nosotros queremos que la democracia se profundice, y que la justicia se asuma como independiente de cualquier poder político, para que podamos tener la tranquilidad de que la verdad histórica de lo que vivió el pueblo santafesino, con 158 muertos, no se vuelva a repetir”, finalizó.
“Estamos hartas y hartos de esta justicia que nos cuesta tanto”, sumó María Claudia Albornoz, integrante de la Carpa Negra.
“Esta justicia”, prosiguió, “nos cuesta a cada uno de los santafesinos 1.400 millones de pesos al año. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia cobran 130 mil pesos por mes y no pagan ganancias. Sin embargo, tenemos esta justicia de porquería que cajonea la cauda inundaciones porque la Corte está puesta a dedo por Reutemann”.
Historia y causa judicial
El 29 de abril de 2003, un tercio de la ciudad de Santa Fe se inundó por la creciente del río Salado y la obra inconclusa del tercer tramo de la circunvalación oeste. Más de 130 mil personas fueron evacuadas, hubo 23 fallecidos reconocidos oficialmente y 158 personas en total perdieron la vida directa o indirectamente, según parámetros de Organización Mundial de la Salud.
La causa penal tiene procesados al ex intendente Marcelo Álvarez; al ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli, y al ex director provincial de Hidráulica, Ricardo Fratti. Todos por estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas.
Desde que el por entonces juez de Instrucción Jorge Patrizi dictó los procesamientos en 2008, el expediente atravesó innumerables dilaciones forjadas por las defensas de los tres imputados. Entre ellas un pedido de prescripción y otro de inconstitucionalidad, que fueron rechazados por la Cámara de Apelaciones.
El caso está ahora a fallo, pero se debe definir quién será el juez que tome la resolución final. A raíz de que todos los magistrados de Sentencia ya pasaron por la causa o se excusaron en instancias anteriores, la única opción es ahora Orlando Pascua, que en verdad entiende en lo Correccional. De cualquier forma, la definición de quien resulte designado no llegará a la brevedad, ya que este nuevo funcionario interviniente deberá examinar una causa que ya lleva 15 cuerpos escritos y un armario de pruebas varias.
Mientras tanto, a lo largo de estos 12 años jamás se indagó la presunta responsabilidad de los principales funcionarios políticos de la provincia: los ex gobernadores Carlos Alberto Reutemann y Jorge Obeid, y el ex ministro de Hacienda y Obras Públicas Juan Carlos Mercier solamente fueron citados a declarar en calidad de testigos.