El juez federal Sebastián Casanello avanzó con nuevas medidas en una causa por lavado de dinero y como parte de las mismas solicitó el registro de las líneas telefónicas del empresario Lázaro Báez y del resto de los acusados. La investigación se inició tras la millonaria compra de un campo en Mendoza, que fue efectuada por el "valijero" Leonardo Fariña, supuestamente como testaferro de Báez.
Casanello llamó a declarar a Báez el pasado 12 de marzo. Ese día, el empresario se presentó en Comodoro Py, pero se negó a declarar y presentó un escrito de 41 carillas, en el que pidió su sobreseimiento y aseguró estar "injustamente imputado".
Ahora, según fuentes judiciales informaron a Infobae, el magistrado también insistió con un pedido a la AFIP para que acompañe información que presentó Suiza referida a fondos atribuidos a Lázaro Báez.
El empresario quedó en la mira de la Justicia por la compra del campo "El Carrizalejo" en Mendoza. Fue Fariña, ex esposo de la modelo Karina Jelinek, quien en una primera declaración aseguró que adquirió esas tierras por orden de Lázaro Báez, aunque al borde de la declaración indagatoria de éste cambió su versión.
Entre otras de las medidas firmadas por Casanello en las últimas horas, estuvo la de solicitar al Tribunal de Tasaciones de la Nación que determine el valor del campo de Mendoza para establecer su precio de mercado en diciembre de 2010, cuando tuvo lugar la compra de Fariña.
Según consta en la causa, en diciembre de 2010 Fariña lo compró por 5.000.000 de dólares, mientras que dos años después, lo vendió en 1.800.000 dólares a Roberto Erusalimsky.
Asimismo, Casanello pidió que vía exhorto a Mendoza y San Juan se le tome declaración testimonial a una serie de personas que habrían asesorado justamente a Erusalimsky en la compra del campo.
También requirió a Cancillería que informe cuál es el estado del exhorto que libró a los Estados Unidos el 13 de noviembre pasado. En ese oficio el juez había pedido información sobre los registros que existiesen sobre bienes, sociedades y cuentas bancarias de Báez y su hijo Martín, entre muchos otros investigados en esta causa.
En tanto, el magistrado convocó a expertos de la AFIP para que verifiquen la documentación presentada por Báez, durante la indagatoria, como descargo por la utilización de facturación presuntamente apócrifa por la que se lo acusa.
Se trata de hombres de 25, 26, 28 y 35 años. Una denuncia de vecinos alertó al 911 por disturbios y cuando llegaron fueron agredidos con piedras y balas.