En una audiencia de informes convocada en el marco de la investigación de la empresa de Cristina Kirchner, Hotesur, la defensa de una de las acusadas -sobrina de la mandataria y titular de la sociedad-, Romina Mercado, solicitó formalmente que se aparte al juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa.
Ante la sala uno de Casación, la defensa de Mercado, a cargo del experto penalista Alberto Carlos Beraldi, pidió separar a Bonadio de la causa Hotesur. "Lo que más me preocupa es que el juez dice encontrarse apenado, afectado por este conflicto y esa posición hace que quede automáticamente descartada la posibilidad de intervenir en el proceso. Si es una víctima no puede intervenir", expresó.
La fiscal ante esa instancia, Gabriela Baigun, apoyó el planteo y dictaminó a favor del pedido. "Corresponde hacer lugar a la recusación planteada", consideró Baigun. "A la sociedad le interesa saber si la Presidenta de la Nación cometió o no los hechos y por ende se requiere actuar con un estricto apego a las normas constitucionales", sostuvo Baigún.
La audiencia de informes de hoy fue pedida por el presidente de la Sala I de ese tribunal, Gustavo Hornos, para que Beraldi explicara sus motivos para pedir el apartamiento del juez. Resta ahora que los camaristas de Casación (Hornos, Luis Cabral y Ana María Figueroa), tomen una decisión.
ROMINA MERCADO
Mercado es la sobrina de la presidenta Cristina Kirchner, e hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Está imputada en el expediente porque es la titular de la sociedad Hotesur. Ella fue quien pidió apartar al juez de la causa, al entender que perdió imparcialidad.
Hotesur SA es la sociedad que la propia Presidenta mencionó en sus declaraciones juradas como la encargada de administrar algunos de los hoteles que ella posee, entre los que figura Alto Calafate. La investigación comenzó en noviembre con una denuncia que hizo la diputada Margarita Stolbizer (GEN) por supuestas irregularidades de la firma ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
Bonadio no sólo comprobó irregularidades en los balances y en los documentos y domicilios declarados, sino que también la vinculó con una operación de lavado de dinero que involucraría también al empresario kirchnerista Lázaro Báez.
Se trata de hombres de 25, 26, 28 y 35 años. Una denuncia de vecinos alertó al 911 por disturbios y cuando llegaron fueron agredidos con piedras y balas.