El Senado uruguayo aprobó hoy el proyecto de ley del oficialismo que declara la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la dictadura al considerarlos crímenes de lesa humanidad.
La iniciativa, aprobada con los únicos 16 votos del gobernante Frente Amplio sobre el total de 31 senadores que tiene la Cámara, generó un debate de casi diez horas con duros cruces entre el oficialismo y la oposición, según informó la versión on line del diario El País.
El proyecto, que será tratado mañana en la Cámara de Diputados, donde se espera también una acalorada discusión, restablece la “pretensión punitiva del Estado” para los delitos cometidos por el aparato estatal desde 1973 hasta marzo de 1985, cuando se restituyó la democracia, y los declara “crímenes contra la humanidad de conformidad a los tratados internacionales”.
Los opositores partidos Nacional y Colorado se opusieron al proyecto al considerar que es inconstitucional y desconoce los dos plebiscitos en los que los uruguayos se pronunciaron por la continuidad de la Ley de Caducidad, que impide el juzgamiento de militares y policías que cometieron delitos durante la dictadura, y que el Frente Amplio intentó derogar en mayo pasado.
Para el oficialismo, en tanto, la iniciativa busca, entre otros aspectos, dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sostuvo, en el caso Gelman, la obligación del Estado uruguayo de juzgar a los responsables de la desaparición de María Claudia García y de la supresión de identidad de su hija Macarena, nuera y nieta, respectivamente, del poeta argentino Juan Gelman.
Tenso debate
El debate en el Senado se tornó tenso luego de que el senador del PC Eduardo Lorier acusara a los legisladores que se opusieran al proyecto de defender la impunidad y “a los torturadores”.
La dura respuesta vino por parte del ex presidente Luis Lacalle, senador del Partido Nacional, quien consideró el discurso de Lorier como un insulto y una enorme falta de respeto.
El senador Jorge Saravia, quien accedió a su banca por el Frente Amplio pero hoy forma parte del bloque del Partido Nacional, planteó uno de los argumentos más radicales para oponerse al proyecto, al considerar que la iniciativa como un “golpe de estado técnico”.
El gobierno busca que la ley esté en vigencia antes del 1 de noviembre, cuando vence el plazo decretado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para la prescripción de los crímenes cometidos por representantes del Estado durante la dictadura.
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