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Montevideo - La Cámara de Diputados uruguaya dio en la madrugada del jueves sanción definitiva a un proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos cometidos en la última dictadura (1973-1985), antes que éstos caduquen el próximo 1 de noviembre.

Tras doce horas de discusión, los diputados aprobaron con los  votos del oficialista Frente Amplio (FA, izquierda) -- 50 de los 90 legisladores presentes -- el proyecto que había sido votado el martes en el Senado y que ahora pasará al Poder Ejecutivo para su  promulgación.

Un centenar de personas que acompañaron la votación desde las barras del Parlamento celebraron la aprobación con aplausos y cánticos de "se va acabar la impunidad en Uruguay", al final de  un tenso debate sobre un tema que ha dividido al país sudamericano en los últimos 26 años.

"Hoy se dejó en libertad total a la justicia, que puede actuar. Hoy hemos dejado de lado el escollo que tiene la Ley de caducidad y los jueces van a poder actuar. Es un día histórico",
dijo a la AFP la diputada oficialista Ivonne Passada.

En la oposición, en cambio, se veían caras largas.

"Solo los autoritarios festejan un atentado a la democracia", escribió en su Twitter la diputada del Partido Nacional AnaLía  Piñeyrúa, mientras que Fitzgerald Cantero, del Partido Colorado,
sostuvo que "el FA acaba de desconocer la voluntad del pueblo".

El proyecto aprobado el jueves "restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado" hasta el 1 de marzo de  1985, fecha del retorno de la democracia.

Además, declara estos delitos "crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales" y afirma que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad" para su juzgamiento.

Según sus impulsores, el proyecto derogaría de hecho la denominada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986 cuando la justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos, y un año y medio después de otra norma que amnistió a la mayoría de los presos políticos.

Además, la izquierda gobernante sostuvo que de esta forma se cumple con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en marzo ordenó a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura.

La oposición, en cambio, se ha opuesto a todos los proyectos de derogación de la Ley de Caducidad basándose en que dos consultas populares (en 1989 y 2009) no lograron los votos necesarios para anularla.

El áspero debate ocurrió pocos días después del hallazgo de restos óseos en un predio militar en el marco de las excavaciones que se realizan en busca de los desaparecidos durante la dictadura.

Según la Comisión para la Paz, que funcionó entre 2000 y 2003 para investigar el destino de los desaparecidos, hubo 38 personas desaparecidas en Uruguay. Además, se denunciaron 182 desapariciones de uruguayos en Argentina, ocho en Chile, dos en Paraguay y una en Brasil.

El miércoles el jefe del Estado Mayor de la Defensa, comandante José Bonilla, advirtió que si los delitos de la dictadura no prescriben será más difícil obtener datos sobre el destino de los desaparecidos.

"En el plano personal creo que había un antes y un después del 1 de noviembre", dijo Bonilla a periodistas. "Para aquellas personas que algo sabían, podían a partir del 1 de noviembre, en la libertad de esa prescripción, poder aportar datos que sean importantes para llegar a lo que todos los uruguayos queremos: la verdad frente a los hechos ocurridos en el pasado".
Militares retirados, en tanto, anunciaron esta semana que presentarán acciones judiciales contra una treintena de exmiembros de grupos armados de la década de 1960 y 1970 que en su momento no fueron juzgados.

Además, indicaron que apelarán a la Suprema Corte de Justicia para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del proyecto aprobado este jueves.
Tras las declaraciones de Bonilla, el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro informó que el jerarca militar será sancionado.