El Gobierno salió hoy a cuestionar duramente a los jueces de la Cámara Federal que ayer declararon inconstitucional el acuerdo firmado entre la Argentina e Irán con el declarado objetivo de avanzar en la investigación del ataque terrorista contra la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994.
Fue el canciller Héctor Timerman quien, en declaraciones radiales, embistió contra los magistrados, principalmente contra el juez Eduardo Farah. "Los que están celebrando este fallo son los imputados iraníes y los que no quieren que se sepa la verdad", cuestionó el ministro de Relaciones Exterior a radio Metro. "El juez Farah dice que hay que violar la Constitución", remarcó el funcionario.
Los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero, de la Sala I de la Cámara Federal, fueron muy duros al señalar que el memorándum, firmado en secreto en Etiopía el 27 de enero del año pasado por el canciller Timerman y su por entonces colega iraní, Ali Akbar Salehi, ignora la competencia de la justicia argentina, avanza sobre la división de poderes, se inmiscuye en el Poder Judicial, condiciona sus decisiones y no tiene en cuenta a las víctimas, que, según los jueces, son consideradas "convidadas de piedra". Ayer, el canciller y el ministro de Justicia, Julio Alak, anunciaron que llevarán el caso a la Corte porque "invade facultades del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional".
"Es la primera vez en la historia argentina que un tratado internacional aprobado por el Congreso es analizado y rechazado por una cámara de la Justicia. Es una intromisión en temas que la Constitución reserva para el Poder Legislativo y Ejecutivo", se quejó esta mañana Timerman. Y agregó que el fallo "viola" la Convención de Viena y una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la acción de los gobiernos en casos de terrorismo.
El memorando fue frenado a instancia de la comunidad judía. La DAIA y la AMIA, representadas por su abogado Miguel Bronfman, fueron las que presentaron un recursos de amparo que fue concedido por los jueces. El fiscal Alberto Nisman también apeló ante la Cámara Federal.
La comunidad judía había pedido su nulidad en la Justicia, pero el juez federal Rodolfo Canicoba Corral entendió que era abstracto el planteo porque el pacto no estaba en vigor. AMIA, DAIA y la fiscalía apelaron y la Cámara Federal les dio la razón.
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