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 Por primera vez el Gobierno abrió el debate en el Congreso para los proyectos de ley que buscan declarar a la telefonía celular como un servicio público. En la práctica significará que el Estado pueda regular totalmente al sector y, entre otras atribuciones, establecer los precios que se deben cobrar a los usuarios.

La Comisión de Sistemas, Medios De Comunicación y Libertad De Expresión del Senado debatirá mañana a partir de las 9:30 hs las cinco iniciativas presentadas, las cuales -con diferentes matices- todas apuntan hacia el mismo lugar. La última presentada corresponde a un legislador kirchnerista.

En el temario de mañana se podrán en discusión los proyectos de los senadores Rubén Giustiniani (Partido Socialista), Gerardo Morales (UCR), Carlos Verna (PJ) y Eugenio Artaza (UCR), Graciela Di Perna (PJ) y Juan Manuel Irrazábal (Frente para la Victoria).

Además de la potestad estatal sobre las tarifas, los proyectos plantean que la autoridad de aplicación pueda obligar a las empresas a garantizar en servicio en diferentes puntos del territorio y hasta una regulación mucho más estricta en materia de derechos del consumidor.

Es más, el proyecto de ley de Irrazábal propone que la telefonía celular sea un "servicio público esencial", por lo cual quedaría sujeta a un marco legal mucho más estricto.

Desde la oposición, los autores de los diferentes proyectos expresaron acuerdo político de lograr que el servicio pase a la órbita estatal. Giustiniani es el edecán de las propuestas: es la tercera vez que presenta un proyecto en este sentido. Por otra parte y ahora, desde el oficialismo aparece una luz verde para hacer avanzar sobre las operadoras.

PRECIOS Y REGULACIÓN MÁS ESTRICTA

A fines del año pasado, el Gobierno nacional ha avanzado en establecer mayores controles hacia las empresas de telefonía celular, que se rigen como un servicio privado y -al mismo tiempo- son uno de los sectores que mayor cantidad de denuncias recibe en Defensa del Consumidor.

En septiembre pasado, la Secretaría de Comunicaciones impulsó un anteproyecto de resolución para establecer un nuevo Reglamentos de Clientes que endurece la regulación en materia de derechos de los usuarios e incluye la obligación de informar a la Autoridad de Aplicación cualquier actualización de precio.

Comunicaciones realizó audiencias públicas en todo el país, pero todavía no implementó la nueva normativa que propone. Legalmente todavía las empresas se rigen con un Reglamento del año 1997..