El juez Norberto Oyarbide rechazó el pedido realizado por el fiscal Patricio Evers, quien había solicitado reabrir la investigación sobre el origen del patrimonio de Carlos Liuzzi, número dos de Carlos Zannini en la secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Oyarbide había cerrado el caso, que tenía dos vertientes: una por negociaciones incompatibles con la función pública -porque se había denunciado que un estudio vinculado a Liuzzi había sido contratado por un área de la secretaría- y la otra parte por enriquecimiento ilícito. Se había denunciado que el funcionario hizo crecer sus bienes 38 veces entre 2003 y 2011.
El 20 de diciembre de 2012 Oyarbide sobreseyó a Liuzzi por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en una investigación que duró tan solo 50 días. Cuando firmó el sobreseimiento, señaló que había recibido informes de la Oficina Anticorrupción (que depende del gobierno nacional) que indicaban que no había anomalías en la evolución patrimonial del funcionario público. Y que no se había abierto la investigación por el delito de enriquecimiento.
Hace dos semanas Infobae reveló que el juez le informó a la Cámara Federal que había ordenado que se detuviera el allanamiento realizado a la financiera Propyme luego de un llamado de Liuzzi. El dueño de la financiera, Guillermo Greppi, había recurrido a él para denunciar que los policías que llevaban adelante el operativo en sus oficinas le habían pedido una coima para no hacer el procedimiento. Al quedar al descubierto que Oyarbide y Liuzzi tenían una relación por la cual hasta hablaban por teléfono, el fiscal pidió la reapertura del caso. Evers sostiene que el expediente, en lo que respecta al enriquecimiento ilícito, fue archivado y no está sobreseído.
Oyarbide rechazó el miércoles pasado el pedido de desarchivo de Evers. Adujo que el caso estaba cerrado. Y también se negó a abandonar la causa-como lo había solicitado el fiscal- porque, dijo, no existe más el expediente. Según pudo confirmar Infobae en fuentes judiciales, Evers apeló la decisión de Oyarbide. Los argumentos del fiscal sostienen que el caso sigue abierto respecto del enriquecimiento. Y por eso será la Cámara Federal la que decida quién tiene razón: el fiscal, que quiere que se reabra el caso, o el juez, que dice que fue cerrado y no hay vuelta atrás.
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