Carlos Liuzzi, la mano derecha del influyente Carlos Zannini, pertenece a ese grupo, cada vez menos selecto, de funcionarios que se enriquecieron a la par del kirchnerismo. Sin negocios privados exitosos a la vista, todo apunta a las influencias de la Casa Rosada.
Clarín accedió a documentos oficiales que prueban que una consultora ligada al funcionario fue contratada por la Secretaría Legal y Técnica desde 2006 hasta la fecha. Sólo en 2009, la firma Administradora de Contenidos (ADCONSA), especializada en software informático, le facturó $29.112.012 al área del Gobierno que controla Zannini.
Liuzzi niega cualquier vínculo con esa empresa, que también fue contratada por otros organismos estatales, pero los nexos parecen estar a la vista.
La consultora fue creada en 2005 con tres socios fundadores: Gustavo Benvenuto, Jorge Badano, y Rodolfo Santos. Benvenuto es el presidente de la firma, según una declaración jurada presentada por la empresa el 17 de febrero pasado. Tiene mandato hasta el 31 de octubre de 2015. Los otros dos socios figuraron como apoderados al menos hasta 2013. Benvenuto, Badano y Santos también compartieron otras sociedades: Cerro Ski, Altos de Campana, Viñarts SA y Ionicos Latina SRL, entre otras.
Pero el dato llamativo es que Badano y Benvenuto tuvieron cargos en la constructora que Liuzzi admite como propia en su última declaración jurada, Desarrollo y Construcción SA. El 7 de agosto de 2007, Badano asumió como presidente y Benvenuto como director suplente de esa firma. Apenas diez días después, Liuzzi ya figuraba dentro de la constructora, según consta en un edicto publicado el 4 de septiembre de ese año en el Boletín Oficial.
No es el único vínculo entre ambas firmas: la consultora que ganó millonarios contratos con la Secretaría Legal y Técnica y la constructora de Liuzzi, al que apodaban “El Rubio” cuando era más joven, comparten domicilio en Sarmiento 776. ADCONSA se mudó a ese edificio en marzo de 2006.
“Benvenuto y Liuzzi se conocieron en un country en Pilar en 1991”, le confirmó a Clarín una fuente de la Rosada.
Según admite la consultora en un informe de antecedentes comerciales, fue contratada durante los últimos ocho años por al menos tres reparticiones que dependen de Zannini y de Liuzzi: el Boletín Oficial, la Dirección de Administración de Sistemas (DASI) y la Dirección General de Administración (DGA).
ADCONSA también declara que fue proveedor de la Administración de Parques Nacionales (2013), del Ministerio de Defensa (2013), del Ministerio de Justicia (2010), y de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC).
Con ese último organismo firmó un contrato en 2012, tras una licitación privada, “para realizar un programa de control de inventario”. El costo del software fue de $111.000.
Mas allá de los clientes privados que declara en su sitio web, la consultora creció al ritmo de los contratos con el Estado. En 2010, registraba ventas por $29.112.012. Apenas tres años después trepó a $70.746.934, según el último balance firmado por el contador Orlando Sanguinetti. Ese documento, al que accedió Clarín de manera exclusiva, detalla que la empresa tiene un patrimonio neto de $609.808. “La rentabiliad es enorme, casi un 95%”, evaluó un contador consultado por Clarín.
Liuzzi ya fue denunciado ante la Justicia por el abogado Ricardo Monner Sans tras una investigación de Perfil.com. Pero el juez Norberto Oyarbide sobreseyó al funcionaro -que lo llamó el 19 de diciembre para detener un allanamiento en la financiera Propyme- por el delito de negociaciones incompatibles, aunque la causa podría reactivarse con estos datos nuevos.
El magistrado también archivó una parte de la denuncia, referida al patrimonio del funcionario, que creció 38 veces entre 2003 y 2011, solo con un informe “favorable” de la Oficina Anticorrupción. Con el escándalo público, el fiscal Patricio Evers pidió esta semana que ese expediente se reabra.
Liuzzi fue ratificado por Cristina Kirchner, pero teme ser el fusible del escándalo.
Nadie en el Gobierno quiere estar en sus zapatos.
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