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El diputado nacional Antonio Riestra rescató el lanzamiento del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar), y señaló que "es muy importante que el Estado nacional haya resuelto atender la situación de más de un millón de jóvenes argentinos en situación de vulnerabilidad, excluidos de la educación y el empleo".

"Creo que el Estado sigue siendo el único actor social con capacidad para reparar derechos e igualar oportunidades. Y si realmente nos importa la situación de estos jóvenes, deberíamos tomar esta iniciativa como una oportunidad para afianzar una política pública duradera que llegue a todos los lugares del país".

Por ello, el diputado santafesino, advirtió que "lograr la reinserción educativa y el primer empleo de los jóvenes implica un compromiso del Estado, en todos sus niveles, que va más allá de 600 pesos mensuales por beneficiarios".

"En primer lugar aparece la necesidad de involucrar a las provincias que son las responsables de la educación en cada jurisdicción. En Santa Fe se habla de 125.000 potenciales beneficiarios del programa. Con qué recursos materiales y humanos se enfrentará este desafío; y qué pasa en aquellas provincias que están en una mala situación" , se pregunta Riestra.

La única mención sobre este punto - señala el legislador - aparece en el Artículo 15 del Decreto 84/2014 (creación programa Progresar), donde se le encomienda al Ministerio de Educación de la Nación "realizar acciones en el marco de su competencia a fin de que las distintas jurisdicciones logren, en función de sus concretas posibilidades, el objetivo de garantizar las condiciones para el ingreso, la reinserción y permanencia de los titulares de la prestación en el sistema educativo".

"Nos parece insuficiente y todavía queda mucha por hace. Creemos que el éxito del plan Progresar depende mucho de lo que hagan las provincias", afirmó el diputado nacional santafesino.

Finalmente, Riestra dijo que es necesario "darle sustentabilidad a las iniciativas que amplían derechos", para lo cual será necesario "fortalecer el rol del Estado y concretar una reforma tributaria que permita una genuina redistribución de recursos