El fiscal federal Ramiro González promovió una investigación contra el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y contra el presidente de Aerolíneas Argentinas (AA), Mariano Recalde, por no haber denunciado el supuesto "vaciamiento" de la línea de bandera cuando estaba en manos de empresarios españoles.
El fiscal impulsó la causa, tras una presentación del senador radical Gerardo Morales, a raíz de que los funcionarios responsables de Aerolíneas omitieron denunciar penalmente a la ex gerenciadora de AA, la española Marsans, después de la reestatización. Según la denuncia, tampoco presentaron los balances de la compañía en la Inspección General de Justicia (IGJ).
En ese mismo contexto, González involucró en la investigación a la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, ya que es ella la encargada de formulas las denuncias ante episodios que damnifiquen al Estado.
De acuerdo al legislador por la UCR jujeña, tanto De Vido cuanto Recalde y Abbona cometieron los delitos de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y encubrimiento" pues incumplieron la "ley de transporte aerocomercial".
En ese sentido, explicó que no denunciaron ante la Justicia un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA que daba cuenta a Marsans se le pagó 832.897.800 de dólares por la expropiación.
Además, siempre según la presentación, se le habría condonado una deuda impositiva de 319 millones de pesos, el Estado se hizo cargo 500 millones de pesos de pasivo post concursal y en 2011 se pagaron otros 500 millones por un acuerdo preventivo de 2002.
El fiscal González le solicitó al juez federal Luis Rodríguez una serie de medidas de prueba, entre las cuales figura el reclamo de todos los antecedentes sobre Aerolíneas que haya elaborado la Auditoría General de la Nación (AGN) y los balances presentados ante la Inspección General de Justicia desde 2008.
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