La decisión de extender la jornada en las escuelas fue saludada como una medida "necesaria" y señal de una "clara política de inclusión" por los máximos dirigentes de los gremios docentes rosarinos, Gustavo Terés y Martín Lucero, quienes sin embargo reclamaron que la propuesta no se concrete "sobre la base de condiciones laborales precarias" ni termine redundando en una "sobrecarga" para los maestros. El propio gobernador Antonio Bonfatti y su ministra de Educación, Claudia Balagué, pondrán en marcha la iniciativa hoy, a las 9, en el auditorio de la Escuela Juan Bautista Alberdi (Ayacucho 1544). Este año la experiencia se concretará sólo en seis escuelas públicas de Rosario y otras dos de Santa Fe, pero a partir del año próximo comprenderá a 119 establecimientos de toda la provincia.
Según datos del gobierno, la ampliación de la jornada —dos horas reloj, tres horas cátedra— se pondrá en marcha de forma gradual porque demanda una reorganización institucional, más dedicación y formación de los docentes, y la adecuación de los edificios, lo que supone construir aulas y ampliar espacios de uso común, como sanitarios, comedores y galerías.
En una nota publicada el 24 de agosto pasado por La Capital, el secretario de Educación provincial, Jorge Márquez, sostuvo que la experiencia supondrá monitoreo y análisis, pero también "el acompañamiento del gremio docente".
De allí la importancia de cómo se involucren con la iniciativa los dos nucleamientos mayoritarios, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop).
En principio, ambos rescataron a la experiencia como un avance indiscutible. Para el titular de Amsafé Rosario, el Estado viene con atraso en su implementación según las metas establecidas por la ley de financiamiento educativo. "Hoy en el país ya debería haber un 30 por ciento de escuelas con jornada extendida, pero no llegan al 6", aseguró Terés.
El dirigente calificó a la medida de "necesaria", pero dijo que su éxito dependerá de cómo se implemente. "Básicamente, que sea una reforma integral con participación de los docentes y no un mero parche al sistema", reclamó, de modo que "no violente derechos, no suponga una sobrecarga laboral para docentes y escuelas ni precarice las condiciones de trabajo".
De hecho, Terés recordó que hoy por hoy existen establecimientos que "padecen déficits tan elementales" como de maestros de educación física o plástica.
El titular de Sadop, por su parte, saludó a la medida como "una clara política de inclusión", pero a la vez reclamó que vaya acompañada de un "andamiaje de recursos" que "preserve todos los derechos docentes y no termine implicando una sobrecarga laboral".
Lucero confió en que la experiencia "sea un proceso que no se frene y llegue lo antes posible" también a las escuelas privadas, sobre todo a las que tienen por alumnos a "niños en situación más vulnerable".
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