Los abogados Jorge Heter y Luciano García Montaño fueron condenados en un juicio abreviado a las penas de tres años de prisión en suspenso, y cinco y siete años de inhabilitación para ejercer la profesión sucesivamente, por el caso de la estafa organizada para cobrar depósitos judiciales de causas que estaba inmóviles en Tribunales y que tenían montos depositados en el Banco Municipal.
En el caso de García Montaño, la jueza Isabel Mas Varela lo condenó como autor del delito de estafa y defraudación a la administración pública en 27 hechos. Además, lo consideró coautor de asociación ilícita, falsificación de documento público y destrucción de documentos. Y también lo encontró responsable como partícipe primario de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
En el caso de Heter, la jueza lo encontró responsable de la defraudación, pero en seis casos lo consideró autor de falsificación de documento público y también lo encontró responsable como partícipe primario de violación de los deberes de funcionario público. Además fue condenado como coautor de asociación ilícita.
La investigación comenzó por una denuncia presentada por la fiscal Graciela Argüelles ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de Instrucción N°8 de Rosario, mediante la cual dio cuenta de que en fecha 26 de diciembre de 2012 recibió la denuncia radicada por Eduardo Jorge Ripari, presidente del Banco Municipal de Rosario, ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en la que daba cuenta que se procedían a extracciones de sumas de dinero sobre cuentas que se encontraban inmovilizadas en el banco.
Se trata de viejos juicios que por distintas razones los demandantes no pudieron hacerse de dinero y esos montos quedaron depositados en las cuentas de los juzgados civiles y comerciales. Algunos de esos juzgados, los más viejos sobre todo, acumulaban varios millones de pesos como consecuencia de esos viejos casos que, por diferentes causas nadie cobró.
La Justicia investiga al juez Alejandro Martín, su secretario Ricardo Lavaca, ya procesado, y al martillero que está detenido acusado de ser el organizador de la asociación ilícita.
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