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Una madre hizo faltar un mes a la escuela a su hija para impedir que vea a su padre.

El Tribunal Colegiado de Familia N° 4 dispuso reestablecer el contacto entre una niña de 7 años y su padre, quien ya viene padeciendo desde hace 3 años impedimentos para verla por las falsas denuncias que su ex pareja presenta en su contra.

Luego que el juzgado penal desestimara las denuncias disponiendo el sobreseimiento del papá, la jueza de Familia intentó sin éxito varias alternativas para reanudar el vínculo paterno filial, siendo que la madre de la niña desobedecía todos los mandatos judiciales.

Ante esa conducta incumplidora, la jueza resolvió que la niña sería retirada por su padre directamente desde su escuela dos días a la semana, desde las 17 y hasta las 22.

Para asegurar el cumplimiento del régimen, se le ordena a la madre la prohibición de acerarse al colegio en esos días.

Asimismo, se dispuso una multa de 450 pesos por cada incumplimiento que la madre de la niña incurra para impedir el contacto entre la menor y su familia paterna.

A pesar de la resolución judicial y la predisposición evidenciada por el colegio público al que asiste la niña, la progenitora demandada hace faltar a su hija a clases desde la semana previa a las vacaciones de invierno con el solo objetivo de evitar todo contacto entre padre e hija.

Por tal motivo, además de la sanción económica que le cabe a la incumplidora, que según el abogado del padre Lionel Dvoretz ya asciende a los 7200 pesos, se ha presentado una denuncia por violencia familiar contra la mujer a fin de requerirse el cambio de la tenencia a favor del padre, y se presentaron denuncias penales por impedimento de contacto y desobediencia judicial.

En una oportunidad debió intervenir la policía a fin que la niña pudiera ser retirada del colegio a una visita con la tía y abuela paterna, ya que la progenitora y familiares maternos habían violado la prohibición de acercamiento a fin de frustrar toda posibilidad de revinculación.

El abogado del papá hizo el pedido de apartamiento de la psicóloga que unilateralmente la progenitora había designado para su hija, argumentando que había sido partícipe de la maniobra para denunciar falsamente a su cliente por abuso sexual infantil.

Se ordenó la intervención de una nueva psicóloga, disponiéndose el cese de toda intervención de su anterior profesional, a quien se le prohibió todo contacto con la niña que era su paciente.