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El juez José Castro, que investiga desde hace tres años el entramado de empresas con las que Iñaki Urdangarín cometió supuestamente varios delitos de corrupción, acumula datos fiscales de la infanta Cristina para plantear una nueva imputación.

El juez Castro consideró en abril pasado que había indicios suficientes en la causa abierta por el denominado caso Nóos para citar a la Infanta como imputada. El magistrado apuntaba que la infanta conocía los negocios irregulares de su marido y que ella misma era copropietaria de la empresa Aizóon, cuyos ingresos procedían mayoritariamente de los contratos que Urdangarin cerraba con administraciones públicas.

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca decidió dejar en suspenso la imputación de la Infanta. No obstante, señaló al juez el camino para argumentar de manera más sólida la investigación y, en su caso, la imputación por posible blanqueo de capitales a través de la participación de la infanta en la empresa Aizóon, con la que su marido había defraudado al fisco.


La Agencia Tributaria no ha remitido aún al juez los datos que solicitó sobre ventas a terceros atribuibles a la hija del Rey, pero entre los nuevos informes que el juzgado ha incorporado al sumario figuran intentos de cobro por parte de doña Cristina cuya validez ha sido rechazada por Hacienda. EL Grupo de Delincuencia Económica de la Policía rastrea en Barcelona y Palma la facturación de Aizoon, una tarea compleja y aún inconclusa.

Esos intentos tienen que ver con la factura de 3.828 euros que la hija del Rey supuestamente giró a su propia empresa, Aizóon, en concepto de alquiler de la vivienda que la Infanta tiene en Barcelona. Aizóon intentó hacer pasar ese pago de alquiler a la Infanta como gastos de la empresa, pero Hacienda no lo admitió.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado entienden que el hecho de que la Infanta compartiera con Urdangarin la propiedad de Aizóon, a través de la que se defraudó a Hacienda, no es suficiente para imputar a la hija del Rey.