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El Gobierno federal de Estados Unidos no se opondrá a la legislación de aquellos Estados que regulan el uso medicinal y recreativo de la marihuana, siempre y cuando no contravengan las nuevas prioridades en la persecución de la posesión, tenencia y tráfico de esta droga que este jueves ha hecho públicas el Departamento de Justicia. La decisión confirma el cambio de estrategia en la lucha contra las drogas por la que ha optado la Administración Obama, más centrada en las políticas de prevención y salud que en la persecución de los consumidores.

La nueva política en relación con la persecución de la marihuana, que este jueves se ha distribuido a todos los fiscales federales del país, hace hincapié en impedir su venta a menores o la adquisición por parte de cárteles y bandas pertenecientes al crimen organizado y en prevenir que la marihuana cuya venta está regulada para usos medicinales o recreativos se distribuya en Estados en las que esa actividad está prohibida.

La decisión confirma el cambio de estrategia en la lucha contra las drogas por la que ha optado la Administración Obama, más centrada en las políticas de prevención y salud que en la persecución de los consumidores

El fiscal general, Eric Holder, ha transmitido directamente la nueva postura de su departamento a los gobernadores de Washington y Colorado, los dos únicos Estados del país que han legalizado el consumo, la distribución, la venta y la tributación de la marihuana para uso recreativo. La indefinición de la Administración había inquietado a los responsables de estos dos Estados que dudaban de que el Gobierno permitiera la puesta en práctica de una regulación opuesta frontalmente a la normativa federal para la que la marihuana es una sustancia prohibida equiparada al LSD o la heroína.

En el caso de los Estados en los que es legal el uso y la venta de cannabis para fines medicinales -18 más el Distrito de Columbia-, la Administración también había dado instrucciones a los fiscales federales de no perseguir el consumo, pero, en muchos lugares las redadas contra establecimientos autorizados, ante la sospecha de que eran tapaderas para el contrabando ilícito de hachís, o las amenazas a los agentes estatales y locales que cumplían con las leyes de sus Estados, no habían disminuido.

“La Administración central no puede obligar a los Estados a castigar una conducta solo por el hecho de que sea considerada ilegal por la legislación federal si de acuerdo con la estatal es legítima”, comenta Robert Mikos, profesor de Derecho de la universidad de Vandelbilt y experto en la legislación sobre marihuana. Pese a ello, el propio presidente de EE UU, Barack Obama, y varios legisladores han demandado la necesidad de conciliar la legislación federal y la estatal. “Necesitamos tener un debate sobre cómo armonizar una ley central que dice que la marihuana es un delito federal y otra estatal que la considera legal”, señaló el presidente a la periodista Barbara Walters en diciembre del año pasado.


Esa entrevista fue la primera vez en la que Obama se pronunciaba sobre la legalización de la marihuana para fines recreativos aprobada por los ciudadanos de Washington y Colorado el 6 de noviembre de 2012. Entonces, también sostuvo que para su Administración “no era prioritario perseguir a los consumidores de marihuana para fines recreativos de aquellos Estados que han decidido que su posesión es legal”.

El presidente fue claro entonces, pero el Fiscal General ha guardado silencio a lo largo de estos 10 meses. El memorándum con las nuevas ocho prioridades supone una declaración de intenciones por parte del Departamento de Justicia que hace varios años que aboga por terminar con la “guerra” contra las drogas y abordar el asunto no desde el punto de vista de la seguridad sino desde el sanitario. Esas ocho prioridades serán las que constituyan su base argumental cuando el próximo 6 de septiembre declare, junto a su número dos, James Cole, ante el comité de Asuntos Jurídicos del Senado, para explicar, en palabras de su presidente, el demócrata Patrick Leahy, “la mejor forma de usar los recursos federales para perseguir el uso recreativo y medicinal de la marihuana en aquellos Estados donde éste es legal”.

Colorado ya ha aprobado la regulación del mercado de la marihuana recreativa y Washington espera hacerlo antes de que finalice este año. Ambos han legislado sobre su consumo. El país mira con lupa los problemas normativos, las trabas y las consecuencias sociales y sanitarias de una normativa pionera. Rhode Island y Maine esperan aprobar leyes similares en 2013 y Vermont, Masachusetts, California y Oregón podrían incluir referéndums al respecto en las próximas elecciones legislativas de 2014.