La Corte Suprema de Justicia volvió hoy a ser escenario de la disputa entre el Gobierno y el Grupo Clarín por cuatro artículos de la polémica ley de medios. Luego del tenso debate de ayer al que asistieron los "amicus curiae" (amigos del tribunal), especialistas propuestos por el Poder Ejecutivo y la empresa, los abogados de ambas partes se presentaron ante el máximo tribunal en la segunda audiencia pública por la normativa impulsada por el kirchnerismo.
El inicio de la sesión de hoy estuvo marcado por la ausencia de Eugenio Zaffaroni, quien durante la audiencia de ayer sólo escuchó a dos de los expositores y se retiró.
Los restantes jueces del máximo tribunal formularon preguntas y escucharon las respuestas a los abogados del multimedio, María Angélica Gelli, Alejandro Carrió y Damián Cassino.
Los representantes del Grupo Clarín argumentaron que la aplicación de los cuatro artículos cuestionados de la ley de medios afecta la sustentabilidad económica de la empresa y a la libertad de expresión.
Tras un breve cuarto intermedio, la Corte Suprema comenzó a interrogar a los representantes del Poder Ejecutivo. Los técnicos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) respondieron más de treinta preguntas que elaboraron los jueces a partir de la lectura del expediente.
Los representantes del Estado admitieron ante la Corte que cuatro años después de la sanción de la Ley de Medios aprobó el 35,9 % de las solicitudes de adecuación a la nueva norma, que fueron presentadas por los diferentes adjudicatarios de licencias. Ante una pregunta precisa de la Corte sobre el cumplimiento de la Ley por parte del organismo, el abogado Daniel Larrache reconoció ante los magistrados que, hasta el momento, "los licenciatarios que se adecuaron a Ley son 14", la cantidad que aún requieren aprobación "son 15" y que hubo "otros 10 que no requieren adecuación y fueron desestimadas".
El debate es un paso previo a la resolución definitiva del conflicto generado a partir del planteo de inconstitucionalidad del Grupo Clarín sobre dos artículos de la ley, sancionada hace casi cuatro años.
Los puntos de la normativa que están en controversia son: el límite a la cantidad de licencias, la utilización del espectro radioeléctrico, la posición dominante en el mercado de la TV de pago y la cláusula de desinversión.
Ayer, los expertos que hablaron por el Grupo Clarín hicieron una crítica técnica a la ley, mientras que los allegados al Gobierno formularon exposiciones con una fuerte argumentación política.
La procuradora general de la Nación, Gils Carbó, que como jefa de los fiscales debe representar los intereses del Estado, y la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, quien expuso como amiga del tribunal "independiente", ensayaron los discursos más duros de la jornada. Ottaviano afirmó que "hay que terminar con la supremacía comunicacional del Grupo Clarín, que silenció un genocidio", mientras que Gils Carbó acusó al multimedio de "haber violado los derechos humanos".
Se trata de un empleado de la zona de mantenimiento. La víctima sufrió lesiones en una rodilla y denunció persecución laboral previa.