Legisladores de la oposición y diferentes ONGs le exigieron al Poder Ejecutivo que reglamente la ley 26.842 de “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”, sancionada el 19 de diciembre de 2012.
“El oficialismo es rápido para adueñarse de la Ley contra la trata, pero es lento y desinteresado para reglamentarla. Utilizan el tema sólo para el discurso político", reclamó la diputada nacional Maria Luisa Storani (UCR-Buenos Aires).
Storani señaló que “las mujeres que fueron rescatadas en Salta no se benefician con el capítulo específico de protección a las víctimas de trata de personas, porque el gobierno todavía no reglamentó la ley”. “Es fundamental para operativizar y hacer efectivo un plan integral y federal que termine definitivamente con este flagelo”, remarcó la diputada radical.
Por su parte la diputada nacional Virginia Linares (GEN) destacó que “el gobierno nacional no tiene decisión política para luchar contra la trata de personas. Sólo lo hace para titular en la prensa y en el medio hay cientos de víctimas que no tienen atención, ni contención ante esta violación de sus derechos humanos”.
En el mismo sentido, el diputado nacional Gustavo Ferrari aseguró “que el Estado tiene que implementar rápidamente medidas de prevención contra la trata, facilitar los fondos y habilitar los centros de atención a las víctimas. Esperemos que no sea necesario otro caso público de trata para que se reglamente la ley”.
Por último, el diputado Manuel Garrido (UCR-Capital) remarcó que “la falta de reglamentación de la ley de trata implica una irresponsabilidad por parte del Poder Ejecutivo”. “Al final no se cumple con el objetivo de protección que tiene la ley. La parte más importante, que apunta a los mecanismo de prevención y desarrollo de políticas públicas, no se cumple”.
Los legisladores expresaron su preocupación por la ausencia de una política de trata de personas de carácter preventivo y solicitaron la efectiva restitución de los derechos económicos, sociales y culturales a las víctimas de este crimen organizado. Además presentaron un informe elaborado por las ONGs especialistas en el tema.
Participaron además los diputados nacionales, Elsa Alvarez (UCR-Santa Cruz) y Patricia De Ferrari (UCR-Córdoba); la senadora Sonia Escudero y las ONGs Fundación Sur Argentina; Centro de la Mujer de San Fernando (CEDEM); Red Abolicionista y Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, La casa del Encuentro, Federación Universitaria Argentina (FUA), entre otras.
Se debe a trabajos de Aguas Santafesinas y otros de bacheo llevados a cabo por la Municipalidad de Santa Fe en distintos sectores de la ciudad.