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El Gobierno socialista francés afronta un inicio de curso peliagudo. En septiembre tiene que cumplir con Bruselas en dos asuntos cruciales: la reforma de las pensiones y los presupuestos de 2014. Siguiendo el estilo del diálogo social impulsado por el presidente François Hollande, pero con la amenaza de la manifestación convocada para el 10 de septiembre por los sindicatos más duros, la mayoritaria CGT y Fuerza Obrera, el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, ha empezado a recibir este lunes a las centrales sindicales, y les ha garantizado que su Gobierno no cruzará algunas líneas rojas: no aumentará la edad de jubilación y no cambiará el cálculo de cotización, al menos hasta 2020. Además, los pensionistas no perderán poder adquisitivo y el Ejecutivo adoptará las propuestas sindicales para beneficiar a las mujeres y a los que realizan las tareas más duras.

El sudoku de las pensiones mantiene en vilo al Gobierno socialista desde hace meses. Los tecnócratas de Bruselas vigilan de cerca a Hollande —tras conceder a Francia una moratoria de dos años para el cumplimiento del déficit— y reclaman una modificación radical del sistema, que parece insostenible a medio plazo porque acumulará 20.000 millones de déficit en 2020. La Unión Europea quiere, además, que no se toquen las cotizaciones patronales para no dañar a la competitividad, ese concepto que Edgar Morin ha definido como “la utopía de la actual clase dirigente”.

El pulso Bruselas-París, o neoliberales-socialdemócratas, marcha de momento en tablas, porque el comisario económico Olli Rehn tuvo que borrar de las recomendaciones finales la sugerencia de subir de golpe la edad de jubilación —que con Sarkozy llegó a 62 años, pero que Hollande rebajó otra vez a 60 para aquellos trabajadores que han cotizado 40—. París montó en cólera antes del verano ante la intromisión y reclamó más autonomía a la Comisión —y a Berlín—, y ahora tiene las manos —más o menos— libres. Pero el presidente de la segunda economía del euro sabe que se juega en el envite tanto la paz social, que ha logrado mantener a duras penas durante la recesión, con el paro batiendo marcas; como su credibilidad, y la de la deuda soberana, ante Alemania, la UE y los mercados.

La última fase de concertación de la reforma ha empezado este lunes en París en un ambiente bastante distendido, dadas las circunstancias. Los 12 sindicatos y las tres patronales del país empezaron a desfilar por el despacho de un Ayrault reforzado.

El representante de la poderosa CGT, Thierry Lepaon, ha confirmado que el Ejecutivo todavía maneja la hipótesis de un aumento de las cotizaciones salariales y patronales para financiar las pensiones. Aunque Lepaon se ha mostrado realista: “Pase lo que pase, habrá (leña) para todos. Habrá para los pensionistas, habrá para los asalariados y habrá también en términos de poder adquisitivo”, ha profetizado. Sobre esa posible alza de las cotizaciones, el ministro de Trabajo, Michel Sapin, ha alertado del efecto que tendría sobre las empresas, el consumo y el crecimiento, mostrando así la división que suscitan entre los socialistas las pensiones, una de las vigas maestras del Estado Social.

La otra gran inquietud del Gobierno es cuadrar los Presupuestos de 2014 sin que los franceses se echen a la calle contra la austeridad o las subidas de impuestos. Ayrault ha dado árnica a Bruselas al anunciar que el ahorro estatal será “lo nunca visto, 10.000 millones de euros” —cifra a la que habrá que sumar 4.000 millones de los organismos locales—, y ha desgranado las prioridades de gasto: educación, empleos para jóvenes, contratos de generación y policía —las promesas electorales de Hollande—, dando a entender que todo lo demás será recortado.

Sobre la presión fiscal, que quita el sueño a Rhen y a Christine Lagarde, la directora del FMI que como ministra introdujo suculentas rebajas fiscales para los más ricos, el primer ministro ha afirmado que “se pedirá un esfuerzo suplementario de 6.000 millones”.