En el marco de las investigaciones por el segundo de los casos de corrupción con fondos inhibidos en Tribunales, esta mañana declaró el ex juez Jorge Scavone -hoy jubilado- sospechado de ser partícipe de una asociación ilícita al firmar oficios para que terceros cobraran dinero de cuentas judiciales durante 8 meses, cuando todavía se desempeñaba al frente del Juzgado Civil y Comercial de la Primera Nominación de Rosario. El magistrado retirado negó haber refrendado cualquier orden de pago y cuando se le exhibieron los oficios con su supuesta firma, dijo que la misma había sido falsificada.
Se trata de la segunda denuncia que el año pasado planteó ante la Corte Suprema de Justicia provincial el Banco Municipal sobre desmanejos con fondos inhibidos -la primera provocó el descabezamiento del Juzgado Civil 17-,que ahora abrió un nuevo capítulo con la declaración de ex magistrado que se despegó de las imputaciones.
“Negó haber realizado cualquier accionar ilícito y cuando se le ofrecieron los oficios firmados aparentemente por él mismo, planteó que él nunca había realizado tal procedimiento, alegando que el grueso de las firmas están falsificadas. Sólo reconoció su trazo en 4 oficios”, expresaron a punto biz fuentes vinculadas al proceso. En total fueron 31 oficios que salieron desde Civil 1 con la orden para que el Municipal abonara distintas sumas al martillero Oscar Kovalesqui y el abogado Luciano García Montaño, ambos procesados en la causa del Civil 17, además de un tercer letrado. De la indagatoria participó el fiscal Nº 3 Carlos Covani, interviniente en las causas que atañen a los dos juzgados civiles.
Tras la exposición de Scavone, punto biz pudo saber que el fiscal solicitará ahora el peritaje caligráfico y scopométrico de los documentos que instaban a los desembolso para determinar si las firmas pertenecen o no a los magistrados.
Las actuaciones por los desmanejos en Civil 1 y Civil 17, ya arrojaron procesamientos. Es que la defensa del abogado García Montaño, reconoció la participación del profesional en ambos ilícito bajo la promesa de que le concedan a su cliente el beneficio del juicio abreviado que está próximo a tener sentencia. Desde tribunales se habla de una pena de 3 años de prisión en suspenso y 7 años de inhabilitación para ejercer el derecho.
Son deudas millonarias que deberán pagar los padres de los alumnos responsables, debido a los costos operativos y administrativos para la investigación.