La comisión parlamentaria que ha investigado los crímenes de la banda terrorista neonazi alemana NSU presentó ayer un informe de casi 1.500 páginas sobre el “fiasco histórico” de las autoridades ante la violencia ultraderechista. Durante 16 meses, diputados de todos los partidos con representación en la Cámara baja (Bundestag) han tratado de esclarecer cómo fue posible que el grupo de neonazis formado por Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt y Uwe Mundlos perpetrara nueve asesinatos impunemente durante más de diez años. Los parlamentarios de la comisión reconocen el “fracaso masivo” de los investigadores, pero dicen carecer de indicios de que los terroristas tuvieran el apoyo o la complicidad de los servicios secretos o de la policía.
Además de los homicidios de corte racista— ejecutados con la misma pistola— y varios atentados con bomba, la banda tiroteó a una agente policial y robó más de diez bancos. El grupo solo fue descubierto en 2011, tras la muerte de los dos Uwes en una caravana. Zschäpe reventó la vivienda que compartían en la localidad de Zwickau, al este del país, y se entregó a la policía. Está siendo juzgada en Múnich junto a cuatro presuntos cómplices.
Los investigadores de la serie de asesinatos racistas cometida por el trío entre 2000 y 2006 se empeñaron en atribuirlos a inexistentes tramas mafiosas de origen extranjero. La posibilidad de un móvil xenófobo se descartó, así, con argumentos xenófobos a su vez: en palabras del presidente de la comisión, el socialdemócrata Sebastian Edathy (SPD), la policía “dio por hecho que los turcos matan turcos” y puso en el punto de mira de sus pesquisas a los propios familiares de las víctimas, que aún se duelen de esta estigmatización.
Las fuerzas de seguridad pusieron en marcha numerosos dispositivos de vigilancia, busca y captura que terminaron todos en chasco. En Colonia y en Hamburgo, las autoridades llegaron a consultar respectivamente a una “adivina” y a un médium, este último de origen iraní.
El caso alcanzó alturas grotescas tras el asesinato del joven Halit Yozgat en su propio cibercafé de Kassel, en 2006. La policía detuvo al alemán Andreas Temme, que había estado en la escena del crimen. Se supo que era un agente de los servicios secretos, que alertaron de una posible venganza contra él por parte de los fieles de una mezquita local, por lo que fue puesto en libertad. Solo la comisión parlamentaria pudo obtener su declaración, en la que afirmó que estaba en el establecimiento para ligar por Internet. Con este asesinato terminó la serie de crímenes xenófobos.
Además de su crítica a las autoridades, la comisión presentó ayer una serie de 47 recomendaciones para evitar nuevas olas de violencia nazi.
Tanto los Verdes como la izquierda de Die Linke pidieron la supresión definitiva de los servicios secretos internos, denominados Oficina de Protección de la Constitución. Edathy admitió que dicha instancia no ha cumplido la tarea de proteger el orden constitucional alemán. Los partidos de la coalición de Gobierno (cristianodemócratas y liberales), así como el socialdemócrata SPD, el principal de la oposición, han impulsado un consenso dentro de la comisión parlamentaria, que finalmente no recomienda suprimir las agencias de espionaje sino “reformas” en el sistema de seguridad nacional para desterrar definitivamente el racismo de las instituciones y evitar nuevas embestidas terroristas.
Son deudas millonarias que deberán pagar los padres de los alumnos responsables, debido a los costos operativos y administrativos para la investigación.