El juez de Sentencia Gustavo Urdiales que tiene a su cargo la causa Inundación 2003, suspendió hoy el trámite de la causa principal, para resolver un pedido de la defensa del ex intendente Marcelo Álvarez, que planteó la “prescripción de la acción penal”, informaron fuentes tribunalicias.
Los abogados Pablo Guastavino y Alejandro Paz formalizaron ayer el pedido de su defendido, ante el Juzgado de Sentencia Nº 6, donde se tramita la causa por “estrago culposo, agravado por la muerte de 18 personas”. La investigación judicial que se inició con posterioridad a las inundaciones del 29 de abril de 2003, analiza la responsabilidad penal de funcionarios producto del desborde del río Salado que ingresó a la ciudad al traspasar el cordón defensivo del oeste.
Una década después y cuando la causa atraviesa el camino previo al dictado de la sentencia, un nuevo revés judicial dilata los plazos.
En esta oportunidad, el planteo lo realizaron los abogados de quien por entonces era intendente de la ciudad de Santa Fe, Marcelo Álvarez, quien junto con el ex ministro de Obras Públicas de la provincia, Edgardo Berli, y el ex director de Hidráulica de la provincia, Ricardo Fratti, son los únicos imputados.
Para la defensa de Álvarez, el planteo tiene lugar “por haber transcurrido el plazo de 5 años que tiene previsto como pena máxima el delito de estrago culposo”, argumentaron.
Ante dicha presentación, considerada “una acción perentoria”, el juez Urdiales “suspendió el trámite de la causa principal” para resolver si le hace lugar o no antes del dictado de la sentencia.
Sobre la medida, Milagros Demiryi constituida como uno de los actores civiles de la causa penal, en diálogo con LT 10 sostuvo que “no nos sorprende porque es algo que habían dejado entrever en las audiencias pero fundamentalmente porque está en consonancia con lo que ha sido la actitud pasiva de la defensa durante todas las audiencias ante la contundencia de las pruebas y las testimoniales”.
Del mismo modo, remarcó que se trata de “un mecanismo dilatorio más ante el cual no nos vamos a amilanar”.
Por su parte, Graciela García, integrante de la Marcha de Antorchas manifestó que “el silencio de Álvarez en esta etapa de la causa era sospechoso y esto nos da la certeza de que esta causa es una farsa porque los verdaderos culpables no están procesados”.
Esta semana, la Justicia tiene previsto correr traslado a las partes que completan Néstor Oroño -por el imputado Edgardo Berli-, María Georgina Stratta e Ignacio Cecchini -por los actores civiles-, Horacio Paulazzo -en representación de la Municipalidad- y los fiscales Mariela Jiménez y Jorge Andrés, para luego resolver la situación puntual planteada por el acusado.
Clausura probatoria
A todo esto, quedó en stand-by el pedido de la Fiscal Jiménez, que el viernes pasado requirió la clausura del término de pruebas, luego de que concluyeran con las audiencias en las que se tomaron unas 30 declaraciones testimoniales.
Queda pendiente la pericial climática pedida por el Dr. Néstor Oroño en representación del ingeniero Edgardo Berli. Se trata de un estudio climatológico para el que fueron sorteados tres peritos que la semana pasada aceptaron el cargo.
Una es perito oficial de Rosario y las otras dos fueron sorteadas de la Cátedra de Meteorología de la UBA, confirmaron fuentes consultadas.
Son deudas millonarias que deberán pagar los padres de los alumnos responsables, debido a los costos operativos y administrativos para la investigación.