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La presión legal de las autoridades estadounidenses sobre JP Morgan Chase no cesa. El Departamento de Justicia acaba de reabrir el expediente por manipulación del mercado de la energía, en la última investigación a la que se enfrenta la entidad que dirige Jamie Dimon. Por su parte, el regulador bursátil examina sus prácticas de contratación en China, por si violaran la legislación que castiga los sobornos.

JP Morgan es el grupo financiero más grande de EE UU por activos. A final de julio ya pactó con el regulador de la energía el desembolso de 410 millones de dólares (305 millones de euros)por manipular los índices de los precios de la electricidad en California y en varios estados del Medio Oeste. Pero como sucedió en un caso similar con Barclays, la firma no admitió haber incurrido en una conducta irregular.

Al frente de la investigación, aún en una fase incipiente, está Preet Bharara. El fiscal del distrito sur de Nueva York es el mismo que acusó formalmente la semana pasada al directivo español Javier Martín-Artajo de haber falsificado documentos para ocultar a los reguladores las pérdidas que JP Morgan estaba sufriendo en una cartera de inversiones gestionada desde Londres.


JP Morgan era vista hasta ese fiasco financiero como la entidad que ayudó al Gobierno de EE UU a estabilizar el sector financiero en plena crisis. Ahora, sin embargo, se investiga hasta el último detalle de sus operaciones. Washington tiene la sospecha de que la entidad haya contratado al hijo de un influyente funcionario en China para hacerse con contratos en el país.

También este caso está en una fase inicial. En los corrillos de Wall Street se empieza a ver estas iniciativas legales como una evidencia más de que Washington busca reducir el tamaño de las grandes entidades sistémicas. Dimon es, precisamente, uno de los oponentes a que se parta el negocio de los bancos. Pese al asedio, sus títulos valen un 40% más que hace un año.