Por primera vez en la historia democrática de Santa Fe, un juez penal, Jorge Pegassano (Instrucción 1ª) allanó ayer el Tribunal Electoral de la provincia en una causa que investiga una supuesta "defraudación por adulteración de documento público" e incautó la urna 3462 de la ciudad de Tostado, que quedó bajo custodia, con una faja de seguridad y en un recinto cerrado con cámaras de video vigilancia las 24 horas. El procedimiento fue cumplido por diez efectivos de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) ante la denuncia del abogado Domingo Rondina, que patrocina a uno de los candidatos a concejales del Frente para la Victoria de Tostado, Gerardo Bertolino, quien ganó las elecciones primarias por 11 votos en el escrutinio provisorio, pero en el definitivo perdió por 25 con su rival en la interna, Luis Gramajo, hijo del senador Raúl Gramajo. "El caso Tostado debe servir para replantearse el funcionamiento del Tribunal Electoral santafesino, que no puede seguir ajeno a la transparencia", tiró Rondina.
La reñida elección en Tostado tiene su contexto político. Bertolino responde al intendente Enrique Fedele y Gramajo milita con su padre, Raúl Gramajo, quien va por el enésimo mandato de senador por el departamento 9 de Julio. Ambos disputan el primer lugar en la lista de candidatos a concejales del Frente para la Victoria.
En el escrutinio provisorio, Bertolino le ganó a Gramajo por 11 votos (2.517 a 2.506). Después, en el escrutinio definitivo, sumó dos votos más que estaban recurridos y aumentó esa diferencia a 13. Pero el escándalo detonó con la urna 3462, donde un acta que firmó la secretaria electoral, Claudia Cattalín dio vuelta el resultado.
En el recuento de la mesa 3462, en Tostado, Bertolino ganó por 88 a 69. "Los certificados de escrutinio de los fiscales del Frente para la Victoria y del Frente Progresista que le presentamos al juez Pegassano dicen eso, que Bertolino triunfó 88 a 69. Y lo mismo señala el telegrama que las autoridades de mesa enviaron el Tribunal Electoral", explicó Rondina a Rosario/12. "Pero cuando se confecciona el acta del escrutinio definitivo, Cattalín puso los resultados al revés: 88 votos para Gramajo y 69 para Bertolino", dijo el abogado. Lo que dio vuelta la elección: Gramajo pasó de perder por 11 votos (13 si se cuentan los dos recurridos) a ganar por 25. "El acta que le presentamos al juez es burda: los votos de Gramajo están remarcados, primero escribieron 69 y encima le remarcaron 88. Un acta vergonzosa que solo tiene la firma de Cattalín, una cosa trucha, porque ningún fiscal del Frente para la Victoria ni del Frente Progresista la firmaron", agregó Rondina.
"Cuando se produce este hecho, Bertolino solicitó que se abra la urna 3462 y se recuenten los votos para clarificar la situación, pero el Tribunal Electotal rechazó el pedido. Es más, extraoficialmente dijeron que no van a abrir ninguna urna, que el sistema electoral no es perfecto, que tiene errores, pero hay que aguantárselo con sus errores", dijo el abogado. "Esa obstinación, nos hace pensar que ya no se trata de un error, quizás hay malicia. Y como hubo una adulteración del acta porque están sobrescrito los números (de Gramajo) y se trata de un documento público presentamos una denuncia por defraudación por adulteración de documento público".
El juez Pegassano analizó "los certificados de los fiscales que le llevamos, que son contundentes y ordenó el secuestro de la urna 3462, antes de que la quemen. Diez efectivos de las TOE hicieron el procedimiento y la urna quedó bajo custodia del Tribunal Electoral, le pusieron una faja de seguridad y la ubicaron en un recinto cerrado, con un sistema de video que filma las 24 horas. Una guardia de las TOE quedó de consigna.
Ahora, el Tribunal habría cambiado el criterio y estaría dispuesto a abrir la urna y ordenar el recuento de los votos, pero la pregunta es cuándo. La presidenta del Tribunal y de la Corte Suprema, María Angélica Gastaldi, está fuera del país y recién regresaría la semana que viene. "Esperemos que la abran lo antes posible. Acá hay una demostración palmaria de que existe un problema, no estamos inventando", concluyó Rondina.
Son deudas millonarias que deberán pagar los padres de los alumnos responsables, debido a los costos operativos y administrativos para la investigación.