El Gobierno amplió ayer el gasto público en $ 23.160 millones para subsidiar energía y transporte, importar combustibles, acelerar obras públicas y financiar distintas erogaciones de todos los ministerios, según se informó ayer en el Boletín Oficial. El gasto crecerá en rigor $ 42.541,3 millones, ya que también se reasignaron recursos originariamente presupuestados para el pago del Cupón PBI correspondiente a diciembre, que no se efectuará porque la economía creció en 2012 menos de 3,22%. Son 19.381 millones que ya formaban parte del Presupuesto y que ahora el Gobierno destinó a cubrir gastos corrientes y obras públicas.
Así consta en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1170/2013, que lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández y todos los ministros.
La ampliación presupuestaria fue cubierta parcialmente con una ampliación en los recursos de $ 12.000 millones, correspondientes a rentas del Banco Central. Las mayores erogaciones no evitaron un déficit financiero de $ 11.160,3 millones, según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
La mayor parte de los gastos irán a cubrir subsidios al transporte y el sector energético y a importar combustibles.
El Ministerio de Economía recibió $ 2.541 millones para el Programa de Estímulo a la Inyección de Excedente de Gas Natural, que depende del secretario de Política Económica Axel Kicillof y premia a las empresas que incrementen su producción de fluido. El presupuesto de ese programa, creado en abril, casi se duplica.
Además, el Gobierno destinó $ 8.310,01 millones al ítem Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica. Se trata de subsidios a la Compañía Administradora Mayorista del Mercado Eléctrico (Cammesa), encargada de importar fuel oil. Esta había recibido hasta el 31 de julio $ 24.203,5 millones que había gastado en un 99%. Otros 457,03 millones se destinarán a subsidiar hidrocarburos.
Enarsa, la pretrolera estatal encargada de importar combustibles –principalmente gas– para paliar el déficit energético, recibió créditos adicionales por $ 8.985,3 millones. El 4 de julio, en otra ampliación presupuestaria, Enarsa había recibido $ 3.307 millones adicionales. Otras Sociedades Anónimas estatales que recibieron refuerzos presupuestarios fueron Arsat ($ 1.763,55 millones), Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) ($ 925,8 millones), Yacimientos Carboníferos Río Turbio ($ 584,5 millones) y Yacyretá (1.171 millones).
A su vez, el transporte público recibió plata para subsidios por más de $ 2.000 millones. El Ministerio del Interior de Florencio Randazzo obtuvo ampliaciones presupuestarias para la Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor (colectivos) por
$ 1.579,76 millones y otros $ 564,18 millones para la Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Ferroviario.
El Ministerio de Planificación que comanda Julio De Vido recibió, además de la friolera de dinero destinada al subsidio de la energía, miles de millones de pesos para apuntalar la obra pública que coordina con los intendentes de todo el país, con las elecciones de octubre a la vuelta de la esquina.
Así, su cartera recibió $ 1.273,5 millones para el Desarrollo de la Infraestructura Habitacional “Techo Digno”, $ 810,9 millones para el programa Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica y otros $ 277,43 millones para el Fortalecimiento Comunitario del Hábitat, entre otros refuerzos.
Además, la Dirección de Vialidad Nacional, también bajo la órbita de De Vido, recibió $ 200 millones para Construcciones ($ 1.170 millones) y Obras en Corredores Viales
($ 657 millones), entre otras cosas. El Programa de Crédito Argentino (Procrear), los préstamos hipotecarios que financia la ANSeS vía el Banco Hipotecario, recibió $ 2.000 millones adicionales. El Ministerio de Educación recibió $ 400 millones para repartir entre universidades, Salud captó $ 1.532,5 millones y Seguridad, $ 1.171,87 millones.
Entre las carteras menos beneficiadas se encuentran Industria, Justicia y Desarrollo
Son deudas millonarias que deberán pagar los padres de los alumnos responsables, debido a los costos operativos y administrativos para la investigación.